El Corredor Informativo

 

El Sectarismo del Mal Gobierno

 

***  Indispensable contar con un gobierno de Derecho

 

El buen gobierno ciudadano es aquel que no puede tolerar en su Patria un poder que pretenda hacerse superior a las leyes

Cicerón

 

BLAS A. BUENDÍA *

 

El día en que el Pentágono se decida a invadir México con motivos del amplio descaro de Andrés Manuel López Obrador, a quien se le asocia como un presidente y líder del narcotráfico en América Latina, no debe de protestar…,  porque el mismísimo político tabasqueño se lo buscó, y que en lo sucesivo, desdichadamente revivirá las páginas negras cuando Antonio Noriega fue apartado del poder por los Estados Unidos al ejecutar una algarada en Panamá.​

Se encuentra fuera de duda, sin embargo, que en la actualidad los Estados Unidos Mexicanos, con y por su gobierno transita el narcotráfico, para lo cual, los entendidos conocen como un “régimen de izquierda” emanado de la intolerante oclocracia abortada por la kakistocracia.

Aun siendo así, el narco-gobierno de la Cuarta Transformación de la Nación se ha apartado de todo precepto del Derecho Internacional, incumpliendo de paso con determinados deberes como es el respeto irrestricto a la Constitución Política.

Thomas Paine quien fue en su momento un leído intelectual y revolucionario, promotor del liberalismo, la democracia y la izquierda política, en su obra “Los derechos del hombre”, nos ilustró diciendo: “Todo gobierno, aún en su mejor actuación, es un mal necesario, en su peor actuación, un mal intolerable”.

La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., al remontar también su pensar aprendidas en las queridas aulas universitarias en la década de los 70´s, hace recordar: “El gobierno (aún de izquierda) no debe proscribir ni dispensar protección a ninguna doctrina; es ajeno a su instituto, que es el de observar y hacer observar las leyes”.

Para el controvertido presidente Andrés Manuel López Obrador ha demostrado que gobierna con el “hígado”, un día sí, y otro también, bajo la consigna del omnipoder del narcotráfico que de facto gobierna también a México, solo que en el terreno de la criminalidad ya que tiene a sus propios espías insertados en el mismo aparato gubernamental, es decir, se les identifica porque están inconfundiblemente vestidos de militares quienes analizan todo movimiento que pudiera estar en su contra.

En este contexto y de forma urgente, a la actual Cuarta Transformación de la Nación, se le debe de hacer saber que el gobierno de iure (como referían los más ilustres catedráticos y políticos de esa generación de abogados) o de Derecho, es aquél que se ha constituido legalmente y que además debe de desempeñarse acorde a los principios jurídicos insertos en el espíritu y letra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Penosamente, López Obrador no lo entiende de esa manera, sino en su afán de querer afianzarse como un líder en la esfera del narco, lanza retos sin razón al país más poderoso del Planeta, el cual, espera complacidamente para atacar de forma inmediata a todos esos agentes del mal que se hallan radicados a lo largo y ancho del territorio mexicano. En este contexto, EU tiene todos los elementos para declarar a México un Estado de facto, como aquél simulado árbol del que le penden las bananas, todas chuecas por el enfoque que se le vea.

Ahora —refiere la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México— en México se debe de saber que una transformación política, aún sea ésta de la Cuarta Transformación, debe de llevarse a cabo únicamente a través de su orden jurídico, a contrario sensu, “un régimen de Estado de Derecho”.

Sería lamentablemente “un régimen de hecho”, que solo obedece bajo la insignia y dominado por la cacería del poder del narcotráfico, desconociéndose asimismo la fortaleza que tiene el Poder Ejecutivo mexicano, es decir, viene abusando de su propia autoridad que le ha conferido el orden institucional.

La escala del desorden del narco-poder no tiene fin. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha opuesto a respetar el orden jurídico creado por la Carta de Carranza, lo que convertiría a nuestra Patria en una gobernanza de anarquía, y en el peor de los desastres sociales, bajo las órdenes del poder de los barones del narcotráfico, en amplia y descarada colusión del poder del gorilato militar.

La frase trepidante de Luis Donaldo Colosio con su inquietante observancia de “yo veo a un México con hambre y sed de justicia”, recobra plena vigencia ante la insensibilidad del mal gobierno de López Obrador, que en lugar de que fijara su posición en contra del narcotráfico, aún lo protege en aras de una posible invasión gringa al territorio que solo pertenecen a sus 130 millones de habitantes.

El mismo Andrés Manuel está dando todas las pautas y condiciones para que el poder de Estados Unidos de Norteamérica ordene una incursión militar en contra de un pueblo que se ha visto subyugado por el narcotráfico, plenamente contagiado por la circulación del dinero fácil, campeando los crímenes de Estado y los monstruosos brazos de la corrupción.

“En la interrogante de la hora presente por la que atraviesa nuestro México, habría que dilucidar si nuestro gobierno es de Derecho o de ‘Hecho’, o si ambos encuentran vínculo en la actualidad con el narco, más notorio que en algún otro sexenio del pasado”, alertó el abogado penalista Alberto Woolrich Ortiz.

“Cualquier problema de trastocamiento del orden constitucional se convierte en una lucha de ideales, que según se observa, hoy mantiene un proceso contradictorio en toda la comunidad internacional. La gravedad de éste tópico debe de ser evitada en nuestro México”, urgió para precisar: “No podemos dejar de referir lo que dice nuestro Pacto Federal, ‘cuando un funcionario no reúne las características que la Ley determina, debe ser apartado del cargo que se le confirió por sus extraordinarios abusos que ha creado una ínsula impenetrable que salvaguarda el fenómeno del narcotráfico’.

“Frente a ese sectarismo del mal gobierno, ese gobernante debería de ser inmediatamente destituido y consignado a un juez en aplicación de las leyes secundarias o siguiendo el protocolo que establecen los artículos 108 y siguientes de la Carta Magna”, apremió el abogado Alberto Woolrich Ortiz, quien es presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

“¡Es cuanto!”, concluyó.

 

Reportero Free Lance *

Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021

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