Tiene PJCDMX protocolo de atención a personas mayores

*** Se trata de un documento aprobado por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, que marca la pauta de actuación de sus servidores públicos para brindar atención especializada, ágil y diferenciada a ese sector de la población
*** En el prólogo, el presidente del órgano judicial, magistrado Rafael Guerra Álvarez, exhorta a las personas servidoras públicas a eliminar obstáculos y a sumarse a la erradicación de cualquier posible acto de discriminación en razón de la edad
 
BLAS A. BUENDÍA *
 
El Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), encabezado por el magistrado Rafael Guerra Álvarez, está sujeto y cumple con el Protocolo para la Atención de las Personas Mayores en el Ámbito de la Administración de Justicia, que marca la pauta de actuación de sus servidores públicos para brindar una atención especializada, ágil y diferenciada a ese sector de la población.
El Consejo de la Judicatura capitalino, mediante el acuerdo 05-36/2024, determinó aprobar el citado protocolo, que tiene como fin dar cabal cumplimiento a los derechos de las personas mayores, entre estos, a la identidad, la igualdad, no discriminación, a la vida digna, a la vejez, a la independencia y autonomía, a la seguridad y una vida libre de violencia.
En el prólogo del documento, el magistrado Guerra Álvarez exhorta a las personas servidoras públicas del órgano judicial a eliminar los obstáculos y a sumarse a la erradicación de cualquier posible acto de discriminación en razón de la edad, así como a adoptar, al realizar sus funciones, un enfoque basado en los derechos humanos para así proteger y asegurar el acceso efectivo a la justicia de las personas mayores.
“El reconocimiento de los derechos humanos, en específico los de las personas mayores, está contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política de la Ciudad de México, así como en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, entre otros instrumentos internacionales y nacionales, los cuales obligan al Estado mexicano y a este Poder Judicial a orientar esfuerzos para fortalecer el derecho de acceso a la justicia de este grupo etario, para que se ejercite en igualdad de condiciones y con un enfoque especial en los grupos en situación de vulnerabilidad”, refiere Guerra Álvarez en el prólogo.
Dividido en 13 apartados, el protocolo ofrece a las y los servidores públicos del PJCDMX información sobre los conceptos básicos que se deben conocer para una adecuada atención a ese sector de la población, entre estos, abandono, asistencia social, capacidad jurídica, cuidados paliativos, discriminación, maltrato, negligencia, violencia contra las personas mayores, vulnerabilidad para el acceso a la justicia, entre otros.
También contiene información sobre los principios que deben regir la atención a la persona mayor, como atención preferencial, bienestar y cuidado, dignidad, equidad, enfoque diferencial, igualdad y no discriminación, perspectiva de género, protección judicial efectiva, solidaridad intergeneracional y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria.
Por otra parte, el protocolo permite la identificación de factores que, por razones de edad, pueden constituir obstáculos para acceder a la justicia; por ejemplo, la brecha digital, el maltrato y el lenguaje judicial.
Asimismo, el protocolo contiene un apartado en el que expresamente se señalan las obligaciones de las personas servidoras públicas; por un lado, las relativas a juzgadores para juzgar con perspectiva de derechos humanos, y, por otro, al resto de los empleados, en cuanto a atención y trato.
En otro apartado, se señalan las instituciones para la atención, apoyo y orientación a las personas mayores, como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, la Defensoría de Oficio y Orientación Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México, la Dirección General del Registro Civil y la Fiscalía General de Justicia, entre otras.
 
Reportero Free Lance *
Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021
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La Red Internacional de Jueces de La Haya distingue a juzgadores mexicanos en pro de la niñez

*** Blanca Colmenares Sánchez, María de Lourdes Hernández Garduño, Lázaro Tenorio Godínez, Óscar Gregorio Cervera Rivero, María Margarita Gallegos López y Alejandro Sánchez López, exaltan el nombre de México en este mecanismo internacional
*** Fueron seleccionadas para colaborar y participar proactivamente en seminarios y comunicaciones judiciales internacionales directas
 
BLAS A. BUENDÍA
 
La Red Internacional de Jueces de La Haya —que se encarga, entre otros, de resolver casos de restitución internacional— presentó a las y los juzgadores mexicanos que se incorporaron este año a la organización, con miras a compartir el trabajo y avances de los proyectos de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado que se vinculan con las actividades de esa red, entre los nuevos integrantes se encuentran dos mexiquenses.
Se trata de la Magistrada Blanca Colmenares Sánchez, presidenta de la Primera Sala Colegiada Familiar de Texcoco y la Jueza María de Lourdes Hernández Garduño, Especializada en Procedimientos de Adopción y Restitución Internacional de Menores, del Poder Judicial del Estado de México, quienes fueron nombradas juezas enlace del Convenio de La Haya.
Ambas participaron el 21 de octubre en la reunión de trabajo “Temas prioritarios en materia de Derecho Familiar Internacional” encabezada por Ignacio Goicoechea, Oficial Letrado de Enlace para América Latina y el Caribe de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado; encuentro desarrollado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y donde fueron presentadas como parte de la Red Internacional de Jueces de la Convención.
La Magistrada Colmenares Sánchez ha sido investigadora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías Conacyt; autora del libro “La restitución internacional de menores como crisis familiar y su tratamiento en México”, así como de diversos artículos en torno al tema.
La Jueza Lourdes Hernández es titular del Juzgado Especializado en Procedimientos de Adopción y Restitución Internacional de Menores del Poder Judicial del Estado de México; también es especialista en juicio sumario de conclusión de patria potestad, del que se hace cargo este juzgado.
Durante su participación en la sesión Colmenares Sánchez y Hernández Garduño intercambiaron experiencias sobre el trabajo que se realiza en Derecho Familiar Internacional en el Poder Judicial del Estado de México, entre los que destacan las adopciones internacionales, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares frente a este convenio y la mediación como mecanismo eficaz en la resolución de casos relacionados.
Entre las y los juzgadores que se incorporaron a la Red, se encuentran Lázaro Tenorio Godínez, magistrado de la Primera Sala Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México; Óscar Gregorio Cervera Rivero, magistrado Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; María Margarita Gallegos López, Jueza Séptimo de lo Familiar de proceso escrito con especialidad en Adopción y Restitución Internacionales en la Ciudad de México; y Alejandro Sánchez López, magistrado del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito del Poder Judicial Federal de México.
Dentro de las funciones de las y los integrantes de la Red es recibir y canalizar las comunicaciones judiciales de otros países sobre restitución internacional de Niñas, Niños y Adolescentes; contribuir a facilitar la cooperación para proteger a las infancias que se encuentran en esta situación; organizar seminarios y talleres de capacitación para jueces y operadores de justicia relacionados con la aplicación de los Convenios de Restitución Internacional.
 
Reportero Free Lance *
Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021
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Kamala, diosa de la democracia

*** Es importante advertir que el colectivo mexicano demanda que se aquiete a la 4t como un fenómeno catastrófico de la República
*** Urge que el Pentágono meta en control la agenda legislativa de la Cuarta Transformación manipulada desde el ostracismo por el llamado #NarcoPresidenteAMLO
**** Pravedad de motivos contra la Justicia
 
BLAS A. BUENDÍA *
 
La pravedad es un término que se refleja en la cualidad de actuar con iniquidad, con absoluta perversidad que se ramifica en una corrupción que llega a transformarse en costumbres solo practicadas por kleptocráticos a través de testaferros que operan desde los grandes escenarios como es el Congreso de San Lázaro.
Carece de prudencia, de mantener juicios cuidadosos en la toma de decisiones y acciones, lo que implica considerar las posibles consecuencias de nuestros actos y elegir el camino más adecuado para alcanzar nuestros objetivos bajo el marco del Derecho, cuyos actores se hicieron del poder bajo engaños y haber ejecutado el más escandaloso proceso electoral del 2 de junio.
"La prudencia es la madre de la seguridad", según reza el proverbio. Para Aristóteles, "la pravedad es la virtud que nos permite vivir con sabiduría"; y Confucio, estableció, "la prudencia es el arte de vivir con sentido común".
En resumen, los agentes del nuevo orden poderoso del Ejecutivo y Legislativo mexicano, les da cierto grado de “confianza” para instituir un Estado de Derecho chueco —como lo diría en su momento el famoso #NarcoPresidenteAMLO, en su vaivén sincrónico de auténticas y monstruosas burradas—.
Con base a todos estos cultos de perversidad, la abogacía independiente de la Nación deja constancia sobre el significado de la pravedad contrarios de motivos existentes para destruir a la justicia dada la forma de pensar y actuar de la Cuarta Transformación de la Nación.
Infinidad de togas están conscientes que la manera de especular y proceder de los políticos no puede ni debe ser admitida como una explicación legal, racional, verdadera y natural del fenómeno por el cual desgraciadamente atraviesa México en estos momentos de crisis política.
Los argumentos y razonamientos que manejan los Ciudadanos Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, como pravedad de los motivos para apoderarse de la justicia, son nulos por su fundamentación.
Describen postular como su elemento estructural o central el combatir a la corrupción del Poder Judicial Federal, sin embargo, no toman en cuenta que tales razonamientos nada tienen que ver con un combate frontal en contra de ese fenómeno inserto en el entorno de procuración e impartición de justicia, dado que antes de su Reforma Judicial, el Derecho Positivo Mexicano marcaba mediante la aplicación del Código Penal Federal, la manera de demoler tal problema.
En este contexto, la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, desde hace décadas había identificado y señalado tal problemática, proponiendo inclusive la forma de resolverlo a fin de evitar que ello se expandiera en otras potestades, como lo son, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, dado que se detectó el dolo de un alto funcionario de la Nación que daba inicio a una alianza con el poder del narcotráfico. Y lo peor, ninguna autoridad hizo algo para salvaguardar la paz de la República. Hoy México es un polvorín.
De los razonamientos expuestos en aquél entonces por togas independientes, los mismos no fueron tomados en consideración, lo cual dio génesis con ello a la impunidad obtenida hasta el día de hoy por la pravedad como motivo para delinquir por parte del Estado.
Con relación a los elementos cronológicos que se refieren, es conveniente hacer notar que se interpuso en su momento una denuncia debidamente fundamentada, motivada y adecuada para que la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía, investigara y en su momento procesal, solicitara la sanción adecuada para finiquitar dicha problemática en forma contundente y legal.
Hoy como crítica de aquella inanición por parte del Estado, el Ateneo de Estudios Jurídicos Penales, refiere que legalmente no resulta adecuada esa Reforma Judicial impuesta a la fuerza con la pravedad hecha valer por Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores que dan y dieron motivos para hacer valer esa acción con el único objetivo de destruir a la justicia que togas honorables del Poder Judicial Federal impartían.
La sociedad se cuestiona, ¿qué puede provocar si la Cuarta Transformación altera el orden constitucional con la aprobación de una nueva reforma al poder judicial federal?; ¿cuáles serían sus repercusiones en México? y ¿cómo quedaría la imagen internacional del país?
La Cuarta Transformación de México, liderada por Andrés Manuel López Obrador —pese que ya dejó de ser el Jefe del Ejecutivo Federal—, a través de su heredera, Claudia Sheinbaum Pardo, sigue buscando implementar cambios significativos en el país, incluyendo una reforma al Poder Judicial Federal. Sin embargo, si esta reforma altera el orden constitucional, podría tener graves consecuencias.
 
Repercusiones en México
Desestabilización institucional: La reforma podría debilitar la independencia del Poder Judicial, lo que afectaría la separación de poderes y la estabilidad democrática en México.
Polarización política: La implementación de cambios unilaterales podría profundizar la polarización política y social en el país, generando conflictos y tensiones.
Impacto en la justicia: La reforma podría afectar la impartición de justicia, especialmente si se politiza la selección de jueces y magistrados, lo que podría llevar a una pérdida de confianza en el sistema judicial.
 
Imagen internacional de México
Cuestionamiento de la democracia: La comunidad internacional podría cuestionar la calidad de la democracia en México si se percibe que la reforma afecta la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes.
Riesgo de inversión: La inestabilidad política e institucional podría disuadir la inversión extranjera y afectar la economía del país.
Pérdida de credibilidad: México podría perder credibilidad en la escena internacional si se percibe que no respeta los principios democráticos y la separación de poderes.
Es fundamental que cualquier reforma al Poder Judicial Federal se realice con un enfoque en la mejora de la justicia y la institucionalidad, y no como una herramienta política para concentrar poder.
La sociedad mexicana y la comunidad internacional deben estar alertas para garantizar que cualquier cambio se realice de manera transparente y respetando los principios democráticos, de lo contrario, el pronóstico estaría bajo reserva.
Es notorio que el dolo interpuesto por esa Cuarta Transformación de la República para apoderarse del Poder Judicial Federal, acompañó a los motivos de pravedad para obtener entre ambos esa afinidad que hoy perturba a la justicia con esos ímpetus por motivos de corrupción.
Todo México conoce que la independencia del Poder Judicial es fundamental para garantizar la impartición de justicia imparcial y proteger los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, hay preocupaciones sobre la influencia política en la selección de jueces y magistrados, lo que podría comprometer su independencia y una desaceleración para su desarrollo.
Las severas críticas que se han suscitado en torno a la Cuarta Transformación, incluyen la concentración de poder, argumentándose que el gobierno está concentrando poder y controlando instituciones clave, como el Poder Judicial.
Aunado a ello, la famosa 4t, irresponsablemente ha generado una polarización política y social en México, dando pie al descaro de la corrupción y el nepotismo dentro del gobierno, así como un descarado saqueo de las arcas de la Nación.
Tal como lo registra históricamente la extraordinaria y conflictiva época del hegemónico partido en el poder, el PRI, Morena —al muy estilo priista— le ha restado importancia a la independencia del Poder Judicial para cumplir con sus andanadas y su abierta vinculación con el narcotráfico.
Sobre esta incierta acción de la 4t en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, urge que haya definiciones porque México debe tener muchísima cautela hacia dónde quiere “caminar”, ya que las reacciones a nivel internacional, comienzan a observarse referente a las aberturas pecaminosas.  
Sectores escrupulosos acusan, para abordar estas preocupaciones, proponen urgentemente abolir toda intentona de reforma constitucional en materia de justicia para garantizar la independencia del Poder Judicial, de lo contrario, el gigante de América del Norte —en esta época de elecciones— tomaría otros caminos de presión en contra de autócratas, principiantes de tiranos y dictadores.
El riesgo y sus escenarios políticos en México son fáciles de entender. Si Donald Trump llegara a ganar la elección presidencial de EU, “se detonaría una crisis constitucional por desacato a sentencias de la SCJN, sobre validez de la reforma judicial”.
En este referente, los norteamericanos impondrían un bloque comercial a México por carecer de un Estado de Derecho consolidado al poner en juego la selección de perfiles politizados y nada técnicos para candidaturas a personas juzgadoras, sin haber tenido una impecable carrera judicial.
Más aún, “los primos” protestarían la avanzada propuesta para seguir desapareciendo organismos autónomos cuando los mecanismos de selección, transparentes y meritocráticos para jueces y magistrados, están por pasar a la historia.
En este paradigma político, el gobierno de la primera presidenta de México, se enfrentaría a un paquete económico “difícil”, sumándose el balance entre deuda y crecimiento, sin dejar de lado algo más preocupante, “el aumento de enfrentamientos violentos entre narco-grupos criminales y elementos de seguridad constitucional en Sinaloa y otros estados mexicanos”.
Mientras el partido en el poder en México, Morena, carezca de atributos constitucionales, acometiendo cambiar su Carta Magna, para Estados Unidos es fundamental mantener un debate informado y respetuoso sobre este tipo de temas, que garanticen la salud democrática de México.
—¿Cuál sería la relación de México si Kamala Harris ganara la elección presidencial de EU?, muchos cuestionan.
—La relación entre México y Estados Unidos podría experimentar cambios significativos si Kamala Harris ganara la elección presidencial. Aunque sobresalen declaraciones específicas de Harris sobre su política hacia México, se podría analizar algunas áreas clave que influirían en la relación bilateral.
Inmigración: Harris ha defendido una reforma migratoria integral y ha criticado las políticas de Trump sobre inmigración. Esto podría beneficiar a México, ya que una reforma migratoria podría regularizar la situación de millones de mexicanos en Estados Unidos.
Comercio: La política comercial de Harris podría ser más favorable para México que la de Trump. Harris se ha opuesto a los aranceles comerciales impuestos por Trump y ha defendido la cooperación económica internacional.
Seguridad: La cooperación en materia de seguridad es fundamental para ambos países. Harris podría continuar la colaboración en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Medio ambiente: Harris ha defendido la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Esto podría beneficiar a México, ya que ambos países podrían colaborar en la protección de la biodiversidad y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
En resumen, una victoria de Kamala Harris en la elección presidencial de Estados Unidos podría tener un impacto positivo en la relación bilateral con México, especialmente en áreas como la inmigración, el comercio y seguridad nacionales.
Si bien es cierto que existe la esperanza que Kamala Harris se transforme en una diosa de la democracia, es importante advertir que el colectivo mexicano demanda que se aquiete a la 4t como un fenómeno catastrófico de la República.
Porque —avizoran— urge que el Pentágono meta en control la agenda legislativa de la Cuarta Transformación, manipulada desde el ostracismo por el llamado #NarcoPresidenteAMLO, con la firmeza de sentenciar que la pravedad de la justicia jamás deberá resquebrajarse
“¡Es cuanto!”, precisó la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., que preside el prestigiado penalista Alberto Woolrich Ortiz.
 
Reportero Free Lance *
Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021
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Programa progresivo de apoyo a las madres trabajadoras en PJCDMX: Guerra Álvarez

 

Programa progresivo de apoyo a las madres trabajadoras en PJCDMX: Guerra Álvarez

 
*** Así lo destacó el presidente del PJCDMX, al inaugurar el quinto lactario en la institución, con sede en las salas de oralidad de Santa Martha Acatitla
*** En ese marco, el presidente de la Fundación Candelaria, Elba Beatriz y Gloria AC, José Alfonso Domínguez Gil, donante del lactario, enfatizó la sensibilidad y el amplio sentido social del magistrado Guerra Álvarez para apoyar la lactancia materna
 
BLAS A. BUENDÍA *
 
Al inaugurar el quinto lactario en sedes del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), su presidente, magistrado Rafael Guerra Álvarez, dijo que la institución tiene un programa progresivo de apoyos a las madres trabajadoras que incluye, precisamente, la disposición de espacios para lactar, pero también licencias médicas y canastillas de maternidad, entre otros.
En las salas de oralidad de Santa Martha Acatitla, donde realizó un recorrido de trabajo en unidades de gestión judicial y encabezó la ceremonia de honores a la bandera, subrayó que el lactario donado por la Fundación Candelaria, Elba Beatriz y Gloria, Asociación Civil (AC), está a disposición de las madres servidoras públicas, visitantes de los servicios de la justicia.
En su oportunidad, José Alfonso Domínguez Gil, presidente de la fundación, destacó que ya son 97 los lactarios que han donado a diversas instituciones, y enfatizó la sensibilidad y el amplio sentido de responsabilidad social del magistrado Guerra Álvarez para apoyar la noble función de la lactancia materna.
Con la presencia de consejeras y consejeros de la Judicatura de la Ciudad de México, de magistradas, magistrados, juezas y jueces, así como personal administrativo del órgano judicial, Guerra Álvarez hizo notar que el lactario no solo es un lugar físico, sino un símbolo de los cambios que “deseamos ver en nuestra sociedad”.
“En cada rincón de este espacio se refleja nuestra visión de futuro en el que las mujeres no se vean obligadas a elegir entre su carrera y su maternidad”, agregó el magistrado, con la presencia de Jesús Domínguez Gil, vicepresidente de la fundación; de la magistrada Cruz Lilia Romero Ramírez; del oficial mayor del PJCDMX, Sergio Fontes Granados; de la directora ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos, Yolanda Rangel Balmaceda, y de la subdirectora de Calidad Alimentaria del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia, Samara López Camero.
Aseguró que el quinto lactario del PJCDMX, denominado Elba Beatriz, es un espacio consagrado a la responsabilidad más importante de la humanidad. "Pero más importante aún, es testimonio de compromiso permanente con el bienestar de las mujeres", agregó.
A su vez, José Alfonso Domínguez Gil, acompañado por su hermano Jesús, recordó que la Fundación Candelaria, Elba Beatriz y Gloria AC inició sus actividades hace más de 13 años, la cual lleva los nombre de sus madre y hermanas, y cuyo fin es el de apoyar a las personas que más lo requieren, lo que más adelante derivó, además, en funciones como la de apoyar la lactancia materna.
Tras develar la placa conmemorativa de la inauguración del quinto lactario del PJCDMX, el magistrado Guerra Álvarez encabezó un recorrido por el lactario, acompañado por los hermanos José Alfonso y Jesús Domínguez Gil.Antes, el presidente del órgano judicial capitalino encabezó la ceremonia de honores a la bandera en la sede judicial de Santa Martha Acatitla, donde destacó que realizar ese acto en ese lugar lleva el mensaje de identidad, amistad y trabajo para “nuestra identidad colectiva”.
En ese marco, dijo que México es una nación inmensamente humana, hospitalaria, respetuosa y digna de la amistad de todos los pueblos; y si “hemos ganado un lugar entre las potencias del mundo es por nuestra incalculable riqueza humana”, abundó.
El magistrado Guerra, durante su visita al edificio de salas de oralidad de Santa Martha Acatitla, hizo un recorrido por las unidades de gestión judicial, donde dialogó con los empleados del órgano judicial, a quienes agradeció su compromiso, lealtad, empeño y tiempo que brindan a la institución, y ante quienes reiteró que sus derechos laborales están garantizados.
 
Reportero Free Lance *
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CNPCyF centra función de jueces en la resolución de casos

*** En tanto, equipos de personal de apoyo se abocarán a que el proceso sea mejor y más rápido
*** Esto, a través de unidades de gestión judicial de etapa postulatoria; de etapa preliminar y de juicio, y de ejecución
 
 BLAS A. BUENDÍA *
 
El nuevo modelo de justicia civil y familiar, que en su fase 1 inicia en diciembre próximo en el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), presidido por el magistrado Rafael Guerra Álvarez, tendrá un paradigma de gestión concebido para que los impartidores de justicia se concentren en resolver cada caso que llegue a su jurisdicción, mientras que un equipo conformado por personal de apoyo se abocará a que el proceso sea mejor y más rápido.
Esto, a través de un nuevo modelo de gestión judicial que incorporará unidades especializadas en cada una de las etapas del proceso: unidades de gestión judicial de etapa postulatoria, unidades de gestión judicial de etapa preliminar y de juicio, y unidades de gestión judicial de etapa de ejecución.
En junio de 2023 se promulgó el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), el cual estipula las bases del nuevo modelo de justicia para tales materias, y cuyo eje central es la oralidad de los procesos.
Respecto a la forma en que operará el nuevo paradigma, el personal de las unidades de gestión judicial de etapa postulatoria atenderá a los justiciables con un conflicto civil o familiar al momento de que estas presenten su demanda en el que le explicarán al juez o jueza su problema, así como en la presentación de sus pruebas; además, en la parte del proceso en la que los impartidores de justicia buscan al demandado para que conteste y se defienda.
Por otra parte, las y los servidores públicos de las unidades de gestión judicial de etapa preliminar y de juicio se encargarán de lo relativo al desarrollo de las audiencias en las que se discutirá el diferendo legal entre las partes, hasta las que se desarrollen para que el juez o la juez emitan su veredicto.
En tanto, el personal que integre las unidades de gestión judicial de etapa de ejecución se encargará de la tramitación de lo relativo a que se cumpla a cabalidad la resolución de las y los impartidores de justicia.
Bajo el nuevo modelo, los servidores públicos que integren las unidades de gestión judicial recibirán las solicitudes de los justiciables, debiendo atenderlas de inmediato, así como las órdenes de juezas y jueces, sin que las partes en el juicio tengan que realizar alguna actividad para agilizar el proceso.
El trabajo de las unidades de gestión judicial bajo los parámetros establecidos en el CNPCyF estará complementado, además, por una Central de Notificadores y Ejecutores y por la Unidad de Gestión Judicial de Exhortos.
 
Reportero Free Lance *
Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021
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“Andan bailando” más de 150 MDP que AMLO ordenó al GCDMX de Batres entregar el apoyo emergente a ex trabajadores de Ruta 100

 
·         ¿Dónde quedó la “honestidad Valiente” que tanto pregonó Andrés Manuel?
·         Ex Ruta 100 exige al GCDMX pago inmediato del apoyo de 25 mil pesos, cuya bolsa financiera debió distribuir Martí Batres y no lo hizo en tiempo y forma 
·         Identifican a la bola de traidores, chivatones y defraudadores, cuyo Daño Patrimonial asciende a más de mil millones de dólares
·         La R-100, ha sido arrastrada con el terror de la traición y fraude por parte de las mafias del poder de transporte urbano, manipuladas por los delincuentes Ricardo Barco López (preso) y Gabino Camacho Barrera (amparado)
 
BLAS A. BUENDÍA *
 
La Comisión Liquidadora de la desaparecida Ruta 100 denunció que las administraciones del Gobierno de la Ciudad de México, en colusión con el gobierno federal que mal encabezó el creador de la Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador, incumplieron su “promesa” de entregar los apoyos institucionales referentes a las liquidaciones de esta central camionera urbana, desintegrada por Decreto presidencial en la década de los 90’s.
A través de un comunicado de prensa, sin embargo, reiteraron sus expectativas para que la nueva gobernadora capitalina, Clara Brugada Molina, haga justicia a los trabajadores de la R-100, ya que “el gobierno de Martí Batres Guadarrama no cumplió con las instrucciones que había ordenado, en tiempo y forma, el ahora ex presidente López Obrador, en la entrega de apoyos económicos a 12,004, ex ruteros, quienes estuvieron en la última nómina de los que llegaron a la declaratoria de quiebra el 8 de abril de 1995.
Reveló que entre el gobierno federal y gobierno de la ciudad de México, llegaron a un acuerdo de aportar un total de 300 millones de pesos para repartirlos entre los más de doce mil trabajadores, correspondiéndoles la cantidad de 24,991.66 pesos, “cantidad que sigue extraviada” o en cuentas bancarias de algunos malos servidores públicos, que aprovechando la necesidad y la coyuntura de este conflicto laboral, aparentemente lograron un enriquecimiento ilícito.
“En su gobierno de Martí Batres Guadarrama, solo se entregó ese pequeñísimo apoyo económico a 6,300 trabajadores, faltando por entregar 5,704 apoyos más, donde el ex jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama, olímpicamente discriminó a las viudas y beneficiarios al no entregarles su apoyo económico que por derecho les corresponde”.
Detalló que esos 300 millones de pesos ya estaban etiquetados en el ejercicio fiscal 2024 para la entrega de los apoyos económicos a 12,004 trabajadores, por lo que el nuevo gobierno ahora encabezado por Clara Brugada, tiene que dar continuidad con los apoyos a las compañeras viudas y beneficiarios, “y si no es así, cabe hacer una pregunta legítima: ¿dónde está ese dinero que sigue destinado para los trabajadores de ex Ruta-100?”
 
Historia sindical de México
Para hacer un conteo sobre la central camionera Ruta-100, es necesario que desempolven los libros de la historia sindical de México. 
Fue el 25 de septiembre de 1981 cuando todos los bienes de las empresas privadas de transporte que operaban en la ciudad pasaron a manos del entonces Departamento del Distrito Federal.
Luego de esa importante decisión del gobierno priista, el 18 de agosto de ese mismo año se institucionalizó la paraestatal Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta-100 y para el 15 de enero de 1982 se fundó el Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta-100, llamado SUTAUR-100. En tanto que para el 3 de mayo fue su primera revisión de contrato colectivo de los trabajadores sindicalizados del SUTAUR-100.
A partir de ese momento la historia de la Ruta 100 se vivió en una década que salía de los movidos años setenta, cuando el movimiento armado revolucionario en México creció a lo largo y ancho del país y entraba en lo que algunos llaman “la época de las grandes coordinadoras”.
En medio de ese gran auge del movimiento sindical y popular surgió el SUTAUR-100 influenciado por la Unión Obrera Independiente (UOI), como un sindicato que decía luchar por los intereses de sus agremiados.
Conforme se incrementaba el número de choferes en la capital, crecieron las relaciones políticas y, debido a la propia lógica del trabajo en los camiones donde se transportaba la clase proletaria de la capital, se decidió a constituir un movimiento más grande, así nació el Movimiento Proletario Independiente (MPI).
Los años pasaron, y el SUTAUR-100 se convirtió en un problema para los gobiernos priistas de esos años, pues era el principal freno para volver a privatizar el transporte de la capital del país, en un momento en que México vivía una “guerra fría”, toda vez que en medio de un ambiente enrarecido, fue asesinado el magistrado penalista Abraham Polo Uscanga, registrado el 19 de junio de 1995.
Fue así como después de una huelga de SUTAUR-100, se inició un juicio de quiebra para la empresa paraestatal en 1989, y hasta 1995 (8 de abril) se declaró su desaparición y la detención de su dirigencia, dando pie a un extenso camino de movilizaciones y lucha por parte de los agremiados que perdura hasta nuestros días, con las consiguientes traiciones por el amplio conflicto de interés que siguen agobiando a esta organización obrera.
Es un conflicto del “nunca terminar” y un peligro que ha estado rodeado de asesinatos —aún sin resolver—, a partir de los Crímenes de Estado en contra del Magistrado penalista Abraham Polo Uscanga, por negarse a girar órdenes de aprensión en contra de los líderes de Ruta-100, el crimen en contra del secretario transporte Luis Miguel Moreno, y el del fiscal Humberto Pliego, quien llevaba el caso Ruta-100.
Tras la declaración de la quiebra, en resumen, ocurrieron misteriosos hechos que a la fecha no están esclarecidos: el inverosímil suicidio del entonces secretario de Transporte del DF, Luis Miguel Moreno, el 10 de abril; el acribillamiento, el 18 de junio, de Humberto Priego, el fiscal asignado a la causa contra los líderes del SUTAUR-100; la ejecución, al siguiente día, del magistrado Abraham Polo Uscanga, en su despacho de Insurgentes Sur 300, quien en su momento denunció presiones del entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), Saturnino Agüero Aguirre, negándose a girar las órdenes de aprehensión contra los representantes gremiales, por acciones anticonstitucionales.
A más de 29 años de la desaparición de una de las centrales camioneras urbanas y modelo para los países de América Latina, que se han traducido en notable pobreza y extraordinaria marginación en este último cuarto de siglo, el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura —como representantes populares y de la sociedad vulnerable—, manifestaron su más amplio e irrestricto apoyo a los Trabajadores de ex Ruta 100.
Lo anterior, para solucionar su conflicto que, al igual, que dejó a más de doce mil servidores públicos sin empleo, convirtiéndolos práctica e históricamente en hombres en condiciones de calle, peor aún, con la pandemia del Coronavirus y la crisis económica y política que vive nuestro país, “se ha generado un México miserablemente hambriento”.
En este marasmo de impunidades, al interior de Ruta 100, aparecieron los traidores cuyos rostros y perfiles son conocidos por el pueblo de México, toda vez que por cerca de tres décadas, siguen asediando el conflicto camionero que el 8 de abril próximo, cumplirá 30 años que el hegemónico PRI-Gobierno, desapareció dejando en la calle a más de 12,000 trabajadores de la ex Ruta 100, la cual ha sido arrastrada con el terror de la traición y fraude por parte de las mafias del poder de transporte urbano, del Grupo Metropolitano de Transporte (GMT), Ricardo Barco López y Gabino Camacho Barrera, quienes siguen insistiendo en “desaparecer” la lucha que están dando los trabajadores por rescatar lo que los defraudadores les quitaron.
Ricardo Barco López, Gabino Camacho Barrera y secuaces, idiotizantemente están super millonarios gracias a la Estafa Maestra que hicieron a los trabajadores de Ruta-100, quienes son los auténticos  inversionistas conformados en el GMT, donde los ingratos fraudulentos recogen bolsas superiores a 200 millones pesos mensuales libres de polvo y paga, durante más de 29 años. Es decir, la cifra es descomunalmente incuntificable.
Los traidores que poseen posiciones canibalescas y que están identificados con la inefable mafia que manipula la dupla de mafiosos integrada por Barco/Camacho, acechan en todo momento al movimiento de los trabajadores de la ex Ruta 100, tratando de dividir la lucha con engaños.
“Compañeros de Ruta-100, inversionistas en el GMT, hay que tener cuidado porque hay compañeros que trabajan para Ricardo Barco López y Gabino Camacho Barrera, recibiendo órdenes de incrustarse en todos los grupos para dividirlos y mandarlos a recoger lo que lo invirtieron en el citado Grupo”, remarcó la Comisión Liquidadora R-100.
Tras denunciar a dichos sujetos quienes desarrollan reuniones clandestinas en el módulo 14 en “La casa del Jubilado”, así como en los módulos 10 y en el 40, “es desde ahí que a esos lamebotas les dan instrucciones de divisionismo, de atraerlos a sus grupos con promesas de que van a recuperar ‘todo’ y que solo ellos pueden dar la solución”.
Reveló, sin embargo, que el engaño se traduce en que se le otorgue el perdón al ex dirigente del SUTAUR-100, Ricardo Barco López, detenido el 23 de mayo del 2024, por agentes de inteligencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por delitos de fraude administrativo, el cual asciende a más de mil millones de dólares.
“Esos traidores ensarapados, entre los que sobresalen los nombres de Ernesto Monroy y del último dirigente que tuvo el SUTAUR-100, Leonel Villafuerte (quien también le asiste una demanda por el mismo y otros delitos financieros), pretenden ‘sacar del bote’ a Ricardo Barco para que les pague (…), y una vez que lo liberen y quede exonerado de toda acusación, jamás les van a dar nada y tampoco lo van a poder demandar, porque desde siempre ha sido un defraudador y traidor calificado.
“Ahorita que lo tenemos ‘encarcelado’ aunque sea en arraigo domiciliario, tendrá que presentarse en las audiencias en el Reclusorio Norte. Eso es lo que queríamos, meterlo a la cárcel, ahí le vamos fincar todas las pruebas necesarias para que el juez 35 penal lo sentencie y se quede en el reclusorio por el resto de su vida.
“La única forma de retirarle los cargos a los que penalmente se enfrenta, es la Reparación del Daño Patrimonial, solo que el juez de la causa determinará su destino porque haber defraudado a la comunidad de los ruteros de la 100, que asciende a más de mil millones de dólares —cantidad que para él significa un extraordinario y descomunal patrimonio—, el delito se persigue por Oficio. Si no paga, no recuperará su libertad”, avizoró la Comisión Liquidadora.
Ricardo Barco y sus secuaces, entre ellos, Gabino Camacho Barrera, de quien para evitar fuera apresado de forma inmediata, logró ganar un amparo que promovió en un Tribunal Colegiado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “para no ser molestado por la policía de alta inteligencia de la FGJCDMX”.
Barco le debe a la ex Ruta 100 toda la riqueza que ilegalmente se hizo de ella defraudando a más de 12,004 ex choferes, acusación que en tiempo y forma, fue promovida por el desaparecido líder Jorge Cuellar Valdez, acaecido por múltiples enfermedades el 26 de septiembre de 2023, siendo velado en su domicilio de Ciudad Nezahualcóyotl.
“Barco nos hizo tanto daño que si está en la cárcel, siendo procesado, es porque nos defraudó, incluso debemos advertir que aun pagando la reparación del daño, esto no le devolverá la vida a más de seis mil jefes de familia quienes al fallecer, dejaron todavía en el completo desamparo a sus pobres familiares, en tanto que Ricardo se deba un lujo con impecables y grotescas portaviandas sintiéndose un implacable Nerón Moderno”, acusaron ex trabajadores de la R-100, quienes muestran surcos en sus caras por los años vividos con muchos sacrificios, siendo declarados de diversas maneras: “El rostro del abandono” y “Los muertos vivientes de Ruta 100”.
“Fue un daño incalificable, un daño económico que cimbró nuestra moral psicológicamente al ser desposeídos como inversionistas de lo que hoy se conoce el servicio del Metrobús, gracias a que existe el transporte articulado del Metrobús por las inversiones que aportaron las familias de Ruta 100”, imputó la Comisión Liquidadora.
Engañosamente, alertó la Comisión, el grupo espurio de Ricardo Barco y Gabino Camacho, se siente seguro de que a través de un fraudulento frente contrarrevolucionario y coludido con oscuros funcionarios gubernamentales, su pretensión es seguir dilatando la solución jurídica de la ex Ruta 100. “Nosotros seguimos confiando en que el Poder Judicial de la Ciudad de México, que encabeza el Doctor Rafael Guerra Álvarez, así como la nueva jefa de Gobierno, Clara Brugada, nos hagan justicia”, suplicaron los ex choferes defraudados.
En el marco de todo este embrollo, avizoró que malos servidores públicos siguen siendo atrapados por los tentáculos de la corrupción para incumplir y hacer justicia a los legítimos ex trabajadores de la R-100.
“Sospechamos —y sospechar no es ningún delito—, aclaramos que los traidores defraudadores en asociación delictuosa con algunos funcionarios gubernamentales, tienen a sus servicios tres líneas del Metrobús: Eje 4 Sur-Xola, Insurgentes Sur y Norte-El Caminero, y Montevideo-Aragón, así como 45 rutas más en el Grupo Metropolitano del Transporte con cerca de 500 autobuses y 200 Metrobuses articulados, redituándoles ganancias superiores a los 200 millones de pesos mensuales, cuyo botín es compartido entre cómplices y malos coludidos  locales, fuera de todo gasto de servicios para la manutención de esos Metrobuses y autobuses” reveló la Comisión.
Asimismo, reiteró su reconocimiento por los esfuerzos que ha desarrollado el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por reestablecer el Estado de Derecho en el Caso Ruta-100, sobre todo las acciones de impartición de justicia que se han ajustado conforme a derecho a través de la Quinta Sala Civil, misma que ha emitido fallo favorable con una cuarta sentencia interlocutoria a favor de 950 trabajadores inversionistas de las empresas de Grupo Metropolitano de Transporte.
De tal suerte que ex Ruta 100 exige al GCDMX pago inmediato del apoyo que AMLO le ordenó a Martí Batres entregar, porque “andan bailando” más de 150 MMP.
¿Dónde quedó la “honestidad Valiente” que tanto pregonó López Obrador?, concluyó la Comisión Liquidadora.
 
Reportero Free Lance *
Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021
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El PJCDMX pondrá en marcha dos figuras novedosas

*** Una se encargará de atender las peticiones entre jueces cuando necesitan ayuda con asuntos que van más allá de su jurisdicción
*** La otra coadyuvará con las unidades de gestión judicial, específicamente en las comunicaciones ordenadas por los impartidores de justicia dentro del juicio
*** Unidad de gestión de exhortos y central de notificadores agilizarán nuevo modelo de justicia civil y familiar
 
BLAS A. BUENDÍA *
 
Para agilizar los juicios orales en el nuevo modelo de justicia estipulado en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), que encabeza el magistrado Rafael Guerra Álvarez, pondrá en marcha dos figuras novedosas: la Unidad de Gestión Judicial de Exhortos y la Central de Notificadores y Ejecutores.
La Unidad de Gestión Judicial de Exhortos se encargará de atender las peticiones entre jueces cuando necesitan ayuda con asuntos que van más allá de su jurisdicción, como por ejemplo cuando una esposa que radica en alguna otra entidad solicita el divorcio, pero el esposo vive en la capital del país.
Esto, con el propósito de que los impartidores de justicia del órgano judicial capitalino se enfoquen en resolver los conflictos civiles y familiares suscitados en su jurisdicción sin que tengan que conocer y atender, como sucede en la actualidad, de las solicitudes de juzgadores de otros estados.
Respecto a la Central de Notificadores y Ejecutores, se trata de un ente que coadyuvará con las unidades de gestión judicial de las materias civil y familiar, específicamente en las comunicaciones ordenadas por los impartidores de justicia dentro del juicio.
Esta central tendrá como misión facilitar el camino hacia la justicia, pues a través de esta se gestionarán de manera más rápida las notificaciones en los juicios civiles y familiares, con el propósito de que las audiencias del caso se lleven a cabo y sin demoras.
Se tiene previsto que esta central esté conformada por personal del órgano judicial al que se le asignará rutas fijas para realizar sus diligencias, el cual podrá ser monitoreado en tiempo real, y así asegurar que su cometido se cumpla de manera correcta; asimismo, en esta se aplicarán rotaciones de turnos, para que no siempre sea el mismo actuario el que entregue las notificaciones a las personas.
Captura y distribución, generación de rutas, ejecución en campo y verificación y control, son los cuatro pasos bajo los que se regirá la labor diaria de los notificadores y ejecutores, lo que redundará en eficiencia operativa, dado que las tareas se desarrollarán en forma estandarizada para ahorrar tiempo y recursos.
Transparencia y control es otro de los beneficios de lo que será esta nueva central, gracias al seguimiento y monitoreo en tiempo real que se podrá hacer de los notificadores y ejecutores.
El PJCDMX inicia la fase 1 de aplicación del nuevo modelo de justicia civil y familiar a partir del 1 de diciembre, lo que implica que diversos tipos de juicios que actualmente se desahogan en los juzgados tradicionales de proceso escrito pasarán de manera gradual a ser ventilados en procedimiento de carácter oral.
 
Reportero Free Lance *
Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021
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