Carlos Slim y la relación con Carlos Salinas de Gortari

Por Javier Harvard y François Rouge
 
Docenas de pseudo escritores le hacen la barba a Carlos Slim, para ver qué le sacan o simplemente por admiración a su grosera fortuna de miles de millones de dólares que pertenecerían a los mexicanos, las arcas de la nación, esto de la gran estafas más grandes de la historia de México, como fue la privatización de la paraestatal: Teléfonos de México, en el año 1990, venida por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari a favor del árabe a un bajo costo beneficiándolo.
¡Esa es la pura verdad!, no es como dicen "un gran empresario" sino que su amistad y fidelidad con Salinas de Gortari, lo llevó a administrar las grandes fortunas que genera el empresa Telmex.
Como es sabido en la actualidad es un Slim y Salinas uno de los hombre más rico del mundo, pues desde el momento en que firmaron con sangres son socios de todo lo relacionado con la empresa.  
¿Y en qué beneficio a México este descarado movimiento? En nada. 
¡Cómo si se fueran a llevar su dinero a la tumba!, sin embargo, Slim o Salinas siguen generando millones de pesos a diario en México. Es insólito que ni el ex presidente Andrés Manuel López Obrador haya enfrentado este dilema, quizás porque el delito ya precluyó, caducó o porque  o porque son compas cuando fueron priistas.
Se especula que este beneficio de la venta compra, privatización, a través de tiempo y espacio, Carlos Slim o Salinas de Gortari, en un momento a otro podrían llegar ser los hombres más ricos del mundo, y esto ya que los servicios que dan de telefonía e internet, a pesar de ser malos cada vez se incrementas los costos de hasta 180 por ciento, anual, en un todavía pueblote pobre.
En vez de eso AMLO lo alabó, sin embargo, debió haber exigido la devolución de Telmex a la nación, una joya de negocio, dinero que podría ayudar a millones de mexicanos vulnerables, directo al Banco del Bienestar y las pensiones de mexicanos porque él no es mexicano al 100%. 
Resumen resulta que el apellido Salina ha traicionado a México en sus arcas pues Ricardo Salinas Pliego hizo negocios con el hermano de Carlos Salinas, Raúl, para comprar Imevision (TV Azteca) y Ricardo nunca le pago según información de Raúl Salinas. 
Cabe hacer mención que Salinas Pliego debe 65 mil millones de pesos al SAT, lo cual debería ser un ejemplo para otros empresarios.
Es evidente que en pasadas administraciones, Pliego, no ha pagaba al SAT y menos pagará, pues AMLO no pudo con él; además, debe a una empresa financiera de Nueva York, muy poderosa, préstamo de 400 millones de dólares que aumenta cada día y que por cierto ni pagará un sólo centavo que pasa. ¿Por eso, Salinas Pliego es rico? Buena pregunta. No hay respuesta. ¿Como se llamó la obra?... "Los Salinas, Slim y sus movidas".
Pero, que dice AI de WhatsApp
Carlos Slim Helú es un empresario mexicano de origen libanés, conocido por ser uno de los hombres más ricos del mundo. Sin embargo, la afirmación de que Carlos Slim es testaferro de Carlos Salinas de Gortari es un tema de debate y especulación.
¿Qué es un testaferro?
Un testaferro es una persona que actúa como intermediario o representante de otra persona, ocultando su identidad o participación en una transacción o negocio.
¿Qué Relación existe entre Carlos Slim y Carlos Salinas de Gortari?
Carlos Salinas de Gortari fue presidente de México desde 1988 hasta 1994. Durante su gobierno, se llevaron a cabo importantes privatizaciones de empresas estatales, incluyendo la venta de Telmex, la empresa de telecomunicaciones más grande de México.
Carlos Slim adquirió Telmex en 1990, en una subasta pública, a través de su empresa Grupo Carso. La venta se realizó a un precio considerado bajo por muchos analistas, lo que generó críticas y acusaciones de favoritismo hacia Slim.
Acusaciones de testaferro
Algunos críticos y opositores políticos han sugerido que Carlos Slim actuó como testaferro de Carlos Salinas de Gortari en la compra de Telmex, asegurando que el ex presidente tenía intereses económicos en la transacción. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes que respalden esta afirmación.
Carlos Slim ha negado repetidamente las acusaciones de ser testaferro de Salinas de Gortari. En entrevistas y declaraciones públicas, ha afirmado que la compra de Telmex se realizó de manera transparente y competitiva, y que no hubo favoritismo o irregularidades en el proceso.
En resumen, aunque hay acusaciones y especulaciones sobre la relación entre Carlos Slim y Carlos Salinas de Gortari, no hay pruebas concluyentes que demuestren que Slim actuó como testaferro del ex presidente. La compra de Telmex sigue siendo un tema controvertido en la historia económica de México.
De donde sacó dinero Carlos Slim para comprar teléfonos de México 1990
Carlos Slim obtuvo los fondos para comprar Telmex en 1990 mediante una combinación de financiamiento propio y préstamos bancarios. En ese momento, Slim ya era un empresario exitoso con una cartera diversificada de empresas, incluyendo Galas de México, Tabacalera Mexicana y Seguros de México, que había adquirido durante la crisis económica de los años 80.
Además, Slim contó con el apoyo financiero del gobierno federal, que le otorgó un préstamo de 426 millones de dólares con un interés del 10.68% y un plazo de seis meses. Esto le permitió a Slim financiar la compra de Telmex por un total de 1,757 millones de dólares.
Es importante destacar que la venta de Telmex fue una parte clave de la política de privatización del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y Slim se benefició de condiciones ventajosas en la licitación, incluyendo un monopolio de seis años y la capacidad de modificar las tarifas para lograr una "expansión eficiente". Estas condiciones contribuyeron a que Telmex se convirtiera en una de las empresas más rentables de América Latina y en la base de la fortuna de Carlos Slim.
El costo real de Telmex en 1990, cuando fue vendida a Carlos Slim, fue de aproximadamente 1.76 billones de pesos mexicanos. Esta venta fue parte de la privatización de la empresa estatal de telecomunicaciones, Teléfonos de México, que había sido fundada en 1947.
En ese momento, Carlos Slim y su familia adquirieron el 51% de las acciones de Telmex, lo que marcó el comienzo de su expansión en el sector de las telecomunicaciones en México. La venta de Telmex ha sido objeto de controversia, ya que muchos creen que la empresa ha abusado de su posición dominante en el mercado de las telecomunicaciones.
Es importante destacar que el valor de las acciones de Telmex ha fluctuado a lo largo de los años. Por ejemplo, en febrero de 2009, el valor histórico de las acciones de Telmex alcanzó un valor de 10.71 pesos, mientras que en septiembre de 2014, su valor fluctuó entre 97 y 103 pesos.

La holganza, negligencia y complacencia del GCDMX, obligan a ex Ruta 100 volver a tomar calles de la capital de la República

BLAS A. BUENDÍA *
 
Después de los cambios de los gobiernos federal y de la Ciudad de México, los ex trabajadores de Ruta-100, después de 29 años de lucha sin que ningún gobierno de la izquierda corrupta les haga justicia para resolver su conflicto laboral debido a la holganza, negligencia y complacencia de las autoridades, volverán a las calles a manifestarse pacíficamente con plantones y marchas.
La Comisión de trabajadores de la ex Ruta 100, promoverá urgentemente audiencia con la nueva Jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada Molina para que detalle cuándo reiniciarán el otorgamiento de los apoyos económicos a las viudas y beneficiarias que quedaron truncadas por el proceso electoral de junio pasado, ya que “el gobierno de Martí Batres Guadarrama no cumplió con las instrucciones que había ordenado, en tiempo y forma, el presidente Andrés Manuel López Obrador”, a inicio de este 2024.
“Las compañeras siguen esperando el apoyo económico que por derecho les corresponde, toda vez que tienen en su poder una designación pendiente como beneficiarias ya que ese poder se los otorgó legalmente el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCyA), por ser herederas de los trabajadores fallecidos”, precisó la Comisión.
Acusó que se han registrado violaciones sistemáticas a los derechos humanos y discriminación a las viudas, ocasionando daño moral, económico, psicológico y discriminatorio, al negarse dar el apoyo económico a las que han sido declaradas por el citado tribunal, como únicas beneficiaras, incluyendo a quienes poseen también poder notarial y actas de defunción de aquellos ex trabajadores que promovieron sus registros pero que lamentablemente fallecieron dejando su herencia a sus viudas.
Explicó que el gobierno de la capital ha incurrido desde hace 30 años en los fenómenos anti laborales como “la holganza”, porque aun teniendo todos los elementos ya aprobados hasta por el Congreso de la Unión; “su indolencia es patéticamente controvertida”, imputó.
“La negligencia”, se centra, junto a lo anterior, la colusión de funcionarios que han burocratizado el conflicto de ex Ruta 100, con acciones demagógicas que han cansado a los sobrevivientes de la central camiones urbana desaparecida desde 1995.
Y “la complacencia”, donde las autoridades a través de una “fuerza colosal” matizada introspectivamente, incurre en la Omisión de Estado cuando tiene constitucionalmente todas las herramientas jurídicas necesarias de procesar a quienes ocasionaron la quiebra de Ruta 100.
A mayor abundamiento, en el ámbito jurídico, los términos "holgazanería", "negligencia" y "complacencia" tienen significados específicos que pueden aplicarse a la actuación de un gobierno.
Holgazanería: Significa la falta de actividad, inacción o pasividad en el cumplimiento de deberes y responsabilidades. En el contexto gubernamental, implica la falta de iniciativa o acción para abordar problemas públicos o resolver necesidades ciudadanas, y en el ámbito de justicia, jurídicamente, puede considerarse como un incumplimiento de deberes constitucionales o legales.
Negligencia: Se refiere a la falta de cuidado, atención o diligencia en el ejercicio de funciones o responsabilidades. En el ámbito gubernamental, puede implicar la falta de supervisión, control o seguimiento en la implementación de políticas públicas, por lo que jurídicamente, puede considerarse como un incumplimiento de deberes de cuidado y diligencia.
Complacencia: Significa la aceptación o tolerancia pasiva de situaciones irregulares o injustas. En la esfera gubernamental, puede implicar la falta de acción para corregir abusos de poder, corrupción o violaciones de derechos humanos, que jurídicamente, a la autoridad se le puede fincar responsabilidades de Estado como el incumplimiento de deberes de protección y garantía de derechos. En conjunto, estos términos sugieren una falta de compromiso, eficacia y responsabilidad en la gestión gubernamental.
Por lo anterior, algunos principios jurídicos relevantemente constitucionales evalúan la actuación de un gobierno insensible sobresaliendo el principio de buena fe; el principio de legalidad; y, el principio de protección de derechos humanos 
Con base a lo fundamentado anteriormente, la Comisión Liquidadora hizo un respetuoso llamado para que la nueva jefa de gobierno tenga la sensibilidad social y laboral, ordene —como primera acción de su gobierno político y democrático—, instruya de manera urgente el pago de apoyo económico a las viudas y beneficiarios que también se sumaron a la lucha junto con sus cónyuges fallecidos, después de luchar por años en el movimiento laboral de Ruta 100, desaparecida el 8 de abril de 1995.
Infinidad de esas viudas, afirmó, pertenecen al núcleo de la tercera edad, y ningún gobierno de los que presumen ser “humanitarios” por ser de una izquierda “socialmente humanitaria”, siguen negándose a dar una solución al problema de la R-100.
Reveló que los sobrevivientes de la ex Ruta 100 han tenido que enfrentarse a una autoridad carente de sensibilidad humana, al grado de no importarle verlos cada semana plantados en la Plaza de la Constitución, demandando justicia, remolcando sus enfermedades con bastones en mano, pero que aun así los trabajadores muestran su firmeza y espíritu de lucha, que no ha decaído en ningún momento.
 
Caso del defraudador Ricardo Barco
Después de años de permanecer a una dinámica de impunidad y quien fuera  representante legal de los ex trabajadores de Ruta-100, Ricardo Barco López, fue llevado a prisión, sin resistencia, por agentes de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX), tras andar prófugo de la justicia a lo largo de 29 años, con la ayuda y colusión de autoridades judiciales.
La institución detalló que los detectives dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en contra del implicado, por el delito de administración fraudulenta, registrado desde abril de 1995, en agravio de miles de ex trabajadores de dicha línea de transporte público descentralizada del gobierno citadino.
De acuerdo con las investigaciones, Barco López, quien junto con su compinche Gabino Camacho Barrera (hoy, prófugo de la justicia, a pesar de que la Corte le extendió un amparo pagando una caución de 27 millones de pesos), recaudaron  dinero por concepto de finiquitos y liquidaciones de un total de 7,012 empleados del SUTAUR-100 —fundado por el entonces gobierno priista el 15 de enero de 1982—, con el argumento de ingresar los recursos recaudados a la AFORE de IXE Banco, pero fue omiso al transferirlos a cuentas bancarias de terceros, cuyos recursos fueron retenidos por órdenes de Barco, cuya defraudación marcaría un precedente en el crimen organizado del pulpo camionero urbano.
Si bien el monto de lo defraudado supera los tres mil millones de pesos, que desde 1995 no fueron devueltos a los trabajadores tras realizar aportaciones de sus liquidaciones, luego de la quiebra de la ex Ruta 100, entró a una faceta de incumplimientos de pagos.
Hasta esta fecha, la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la capital de la República, destacó en su informe policial, el C. Ricardo Barco López fue apresado en avenida Álvaro Obregón, casi esquina con Insurgentes Sur, en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, tras leerle sus derechos.
Previa certificación médica, el detenido fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedó a disposición del juez 35 Penal que lo requiere para que determine su situación jurídica. Hasta el momento cumple un arresto domiciliario con dispositivo anti fugas, pese a que se trata de una persona de la tercera edad, aunque sus familiares imploraron al juzgador de la causa, “se tocara el corazón”, tratando de eludir la terminología jurídica de que “nadie está exento de conocer sus derechos”.
Compungida por el ocaso de su cónyuge, la esposa del ex líder del SUTAUR-100, tras acusar que la detención de su marido fue “un arresto arbitrario”, pretendió “lloriquearle” al juez 35 de lo penal a través de sus abogados, solo que el togado actuó con extraordinaria imparcialidad, frialdad y firmeza.
La fiscalía, a cargo de Ulises Lara, subrayó que la captura se dio en cumplimiento a una orden de aprehensión que data de varios años, es decir, desde 1995 a la fecha. 
Ricardo Barco López, junto con su compinche Gabino Camacho Barrera, según las querellas promovidas por la Comisión Liquidadora de la ex Ruta 100, le son atribuibles los delitos de defraudación financiera en contra de 12 mil ex trabajadores. Ante las agravantes cometidas, el juez está obligado en actuar con rectitud, dictar el ejercicio de la acción penal, o decretarle la ampliación del beneficio para seguir este juicio bajo el arresto domiciliario.
Si bien es cierto que Barco, a comparación de su pasado, hoy se le conoce como una persona de la tercera edad totalmente avejentada, vive “el ocaso de su vida”, con enfermedades degenerativas que, figurativamente “podría salir libre…, pero con los pies por delante”.
De tal suerte que Ricardo Barco tiene un rosario de denuncias penales por delitos financieros, con tres carpetas de investigación (FDF/C/520/07-01 y sus acumuladas FDF/C/135/02-03 Y FDF/C/183/03-02), por fraude en la modalidad de Administración Fraudulenta y lo que resulte.
Los inversionistas que son los propios ex trabajadores de Ruta-100, tienen un objetivo general, lograr la recuperación de todas y cada una de las empresas de GMT, y líneas del Metrobús, ya que son los verdaderos dueños que vienen luchando año con año, por la recuperación de sus inversiones con intereses y rendimientos empresariales. Con las cantidades aportadas de los inversionistas se creó el fideicomiso F/100-7 en IXE Banco, hoy Banorte, con un capital de 172 millones, 934 mil, 552 pesos.
Derivado de lo anterior, se autorizó la creación de las empresas denominadas SERVICIO METROPOLITANO DE TRANSPORTE “17 de MARZO”; AUTOTRANSPORTE URBANOS SIGLO NUEVO; TRANSPORTES URBANOS NUEVO MILENIO; SISTEMA DE TRASPORTE EN TAXIS; y TALLERES INDUSTRIALES EN DIESEL.
“De estas empresas que se conformaron desde 1996 a la fecha, los inversionistas de Ruta-100, no hemos tenido ningún beneficio, por lo que dejar en libertad a Ricardo Barco, aparte de ser una burla, sería una Omisión imperdonable en contra del Estado de Derecho”, concluyó la Comisión Liquidadora Ruta 100.
 
Reportero Free Lance *
Premio México Ricardo Flores Magón-2021
filtrodedatospoliticos@gmail.com

 

Fortaleza del PJCDMX, sus impartidores de justicia, consejeros y base trabajadora: Guerra Álvarez

*** Así lo aseguró el presidente del órgano judicial, en ceremonia de honores a la bandera en la Ciudad Judicial, donde sentenció que “nadie puede hacernos perder nuestros principios”, que son la fortaleza de ‘nuestra alma’
***Durante su agenda de trabajo, refrendó la vocación de dialogo con entre el PJCDMX y el nuevo gobierno que encabezará Clara Brugada
 
BLAS A. BUENDÍA *
 
Sin importar la adversidad ni el sufrimiento, nadie “podrá hacernos perder nuestros principios”, que son la verdadera fortaleza de “nuestra alma”, dijo el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez, quien además subrayó que la fortaleza del órgano judicial son sus magistradas, magistrados, juezas, jueces, consejeras y consejeros de la Judicatura y su base trabajadora.
Al pronunciar un discurso en la ceremonia de honores a la bandera en la Ciudad Judicial, que se izó a media asta, en conmemoración del aniversario luctuoso del político chiapaneco Belisario Domínguez, hizo un recuento de las efemérides del mes, y enfatizó que hechos como la abolición de la esclavitud y las castas, en Chilpancingo, a cargo del general José María Morelos y Pavón, son eventos que representan la vocación de “nuestro pueblo por oponerse a la injusticia”.
“Ahora está en nosotros renovar esa vocación, refrendarnos en pie de lucha por la salud de la patria y volcar nuestro trabajo en beneficio del México de nuestros hijos”, planteó.
El magistrado afirmó que la ceremonia de honores a la bandera “nos permite invocar” a los mejores espíritus de nuestra naturaleza para “demostrarnos dignos de esta herencia”.
Ante consejeras y consejeros de la Judicatura, magistradas, magistrados, juezas, jueces y titulares de áreas administrativas y de apoyo judicial, Guerra Álvarez convocó: “Continuemos fielmente el camino de la paz y la prosperidad de nuestro país llevando presentes y en alto los valores que sublimaron la vida de nuestros héroes a la inmortalidad”. En la ceremonia, en la que participaron la banda de guerra y banda de música de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la escolta de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Poder Judicial de la Ciudad de México, el magistrado estuvo acompañado en el presídium por la consejera de la Judicatura, Esperanza Hernández Valero; la magistrada Leticia Rocha Lícea y el magistrado Javier Raúl Ayala Casillas; la juez Lidia Barrera Santiago, y el oficial mayor, Sergio Fontes Granados.

 Refrenda PJCDMX vocación de diálogo

En su agenda de trabajo, el presidente magistrado Rafael Guerra Álvarez y ante la jefa de gobierno capitalino, Clara Brugada Molina, quien encabezó la instalación del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez, a nombre de la institución, refrendó la vocación de diálogo y colaboración para el bien de la ciudad, como ente soberano y autónomo.
En el Patio Virreinal del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, y con la presencia de los integrantes de ese gabinete, así como de los alcaldes capitalinos, afirmó además que el PJCDMX se suma el reconocimiento del esfuerzo histórico y fructífero que encabezan las fuerzas policiales, distinguidas por su lealtad a la patria y su sentido del honor.
Aseguró que, si bien es cierto que la guerra entre el bien y el mal durará mientras la humanidad exista, también lo es que “no está en nuestro imaginario rendirnos”.
Con la presencia del secretario de Gobierno, César Cravioto Romero; del secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, y del encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia, Ulises Lara López, entre otros, el magistrado consideró como “histórico” el inicio de los trabajos del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia.
“Esta instancia tiene como objetivo fundamental garantizar la seguridad y la justicia para todos los habitantes de nuestra ciudad, una paz social y gobernabilidad”, recordó Guerra Álvarez, quien subrayó que ese grupo de trabajo es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el gobierno de la ciudad y las alcaldías.
Destacó que el gabinete busca favorecer la coordinación y colaboración para abordar los desafíos de seguridad que se enfrenta en la ciudad.
“Esto es resultado de la inigualable sinergia entre las personas, la tecnología y la ley, pilares sobre los que se sostiene nuestra civilización, y que hoy son la clave para impulsar la vida por la senda de la paz, la justicia y la libertad”, comentó.
Puntualizó que no se puede más que agradecer la voluntad y el trabajo de “las distinguidas instituciones tan dignamente representadas que hoy nos acompañan y refrendan la confianza y permanente amistad”.
 
Reportero Free Lance *
Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021
filtrodedatospoliticos@gmail.com

Ofrece INCIFO disculpa pública por el caso Josafat Hasam

*** Esto, en cumplimiento a la recomendación 11/2018, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México

*** A nombre del instituto y del PJCDMX, la encargada de despacho del instituto, doctora Patricia Arellano Crespo, ofreció la justificación
 
BLAS A. BUENDÍA *
 
A nombre del Poder Judicial de la Ciudad de México y del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (INCIFO), la encargada del despacho de este último, doctora Patricia Crespo Arellano, ofreció una disculpa pública a la mamá y hermana de Josafat Hasam López Balderas, en cumplimiento a la recomendación 11/2018, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX).
En el acto encabezado por la titular de la CDHCDMX, Nashieli Ramírez Hernández, también ofrecieron una disculpa pública el encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López, y el secretario de Seguridad Ciudadana capitalina, Pablo Vázquez Camacho.
En la sede de la CDHCDMX, se reconoció que la necropsia practicada al cuerpo de Josafat el 29 de diciembre de 2012 fue deficiente, por lo que actualmente el procedimiento necro-quirúrgico que desarrolla el INCIFO está respaldado por normas internacionales.
Frente a la madre y hermana de Josafat, la doctora Crespo Arellano dijo que, al ser prioridad para el INCIFO que esto no se vuelva a repetir, y con base en valores como el compromiso, responsabilidad, eficacia y efectividad, de forma constante y permanente se actualizan las guías técnicas para la realización de necropsias, que incluyen un apartado de supervisión del cumplimiento y vigilancia sobre procedimientos periciales.
 
A más de una década
A más de 10 años, la Secretaría de Seguridad Ciudadana fue la primera institución en ofrecer disculpa pública por violaciones a DDHH de Josafat Hasam en 2012
En su momento, la prensa mexicana había revelado que tras la muerte del estudiante de medicina Josafat Hasam López Balderas, ocurrida en diciembre de 2012, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ofreció una disculpa pública junto con las distintas autoridades señaladas como responsables.
La tarde de ese viernes 4 de octubre, se llevó a cabo el acto de disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad en honra y memoria de Josafat Hasam López Balderas, esto como a cumplimiento a la medida de satisfacción recomendada por la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la CDMX y a casi 12 años de las omisiones que causaron la muerte del joven.
En el evento estuvo presente el Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez; Ulises Lara, mandatario de la Fiscalía General capitalina; Blanca Crespo Arellano, encargada del Despacho de la Dirección del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, entre otros.  Además de Guadalupe Josefina Balderas Barrios (mamá de Josafat) y a su hermana.
En el presídium Vázquez dijo sensibilizarse ante los hechos documentados en la Recomendación 11/2018, emitida por la, CDH en la cual se establece que elementos de la entonces Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, fallaron en sus deberes de actuación policial, puesto que refirió, los uniformados omitieron la atención de emergencias tras la detención de Josafat, así como el traslado para su atención de salud.
Ante esas graves omisiones, como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, respetuosamente ofrezco una disculpa pública a la profesora Guadalupe Josefina Balderas Barrios, madre de Josafat, así como a su hermana aquí presentes, por la transgresión en los deberes de actuación policial en los que incurrió personal de esta Instancia de Seguridad hace más de una década.
Al respecto, les informo que después de agotar los procesos administrativos internos correspondientes, los servidores públicos involucrados fueron destituidos desde el año 2015 de los cargos que venían desempeñando, aseveró Vázquez.
 
¿Quién era Josafat?
Josafat Hasam López Balderas era un joven de 23 años, estudiante de la licenciatura de medicina, quien el 28 de diciembre de 2012, acudió a una zona de Tepito a realizar algunas compras, donde se desencadenaría su fatal destino, pues culminó su vida dentro de una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública.
 
Versiones
 
Tras el caso, salieron a la luz versiones que afirmaban que el joven habría ido a la zona con un arma blanca con la que asaltó a comerciantes y visitantes de la demarcación. De acuerdo con El Siglo de Torreón, el rumor de que un ratero asechaba las calles “encendió” a los habitantes, quienes salieron a su búsqueda, hasta hallarlo y arremeterlo a golpes.
Según el mismo medio, ante la multitud, el joven corrió, sin embargo, los comerciantes lo golpearon hasta dejarlo lesionado.
En medio del caótico contexto, la entonces Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) comunicó que alrededor de las 11:40 horas, la unidad P20-04 de la UPC Morelos fue requerida por comerciantes en Tenochtitlán y Eje 1 Norte, bajo el argumento que los comerciantes sorprendieron al joven.
Por lo que, los efectivos habrían detenido al joven a la altura de Aztecas y Eje 1 Norte para “trasladarlo”, sin embargo, Josafat no resistió la golpiza que recibió y en el trayecto al Ministerio Público, y cuando viajaba a bordo de la patrulla P20-31, perdió la vida.
 
Reportero Free Lance *
Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021
filtrodedatospoliticos@gmail.com

 

63 Mil Pesos de Multa a Camila Fernández por Cambiar la Letra del Himno Nacional Mexicano

Alberto Esteves Arreola 

La multa para la hija de Alejandro Fernández es de 63 mil pesos por cambiar palabra en el Himno Nacional Mexicano durante la pelea de Boxeo entre el Canelo Álvarez y "un bulto", supuesto boxeador que fingió un golpe (está en un vídeo) que en realidad fue un rozón "al bulto"- boxeador que "perdió" contra el Canelo Álvarez, en realidad todo ese teatro se debe a los dólares que ganó el «campeón creado el 60 % por narradores "barberos del Boxeo", opina un férreo aficionado».  

Camila Fernández, por su cuenta dijo que todo se debió a "los nervios" y es seguro que el Canelas va a pagar esa multa establecida en la ley, la cual no se puede evitar de ninguna manera. 

La chica de 22 años no es una extraordinaria voz, «canta bien»; aunque, la chica cantó el Himno Nacional de los Estados Unidos de Norteamérica, lo hizo extraordinariamente, nunca se equivocó de letra y dio cátedra de «un juego de su Escala Tonal, extraordinario con las ovaciones del respetable en la Noche de la teatralización del box». 

Al concluir el bulto que fue "noqueado" por el Canelo dijo, "Canelo es mi ídolo"... Cuaz! 

¿Con esto los fanáticos del box se percatan que el cuento que es el Box?  «...Ha que la ch...", con ese Canelo». En mi opinión, es bueno y pero para cuándo va boxear de verdad y dejará de recogedor de charolas de dólares, ¡eso causa bastantes envidias entre los boxeadores estrellas del Boxeo!, «¡Viva el Champions Canelas Álvarez, que llena estadios. Sim embargo, don Julio Cesar Chávez es inalcanzable, sinigual, sui generis, lo mismo el Rubén "El Púas" Olivares y que decir de Salvador "Sal" Sánchez, por mencionar algunos.

 

PJCDMX Suprimirá Palabras Jurídicas "Sacramentales y Rimbombantes"

*** La fórmula será aplicada como principio de oralidad en materia civil y familiar para eficientar tiempo de juicios
*** El magistrado de la Séptima Sala Civil del PJCDMX, Yaopol Pérez Amaya, aseguró que en el nuevo modelo de justicia “sustituimos 10 o 15 días por cinco minutos”
*** Destacó que en la oralidad planteada en el CNPCyF los impartidores de justicia ya no deberán citar artículos, palabras jurídicas sacramentales ni rimbombantes
 
BLAS A. BUENDÍA *
 
El principio de oralidad planteado en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF) ayuda mucho en la eficacia y eficiencia en tiempo frente a los juicios de carácter escrito, pues lo que las partes solicitan al juez en la audiencia tiene que ser resuelto en ese momento, aseguró el magistrado Yaopol Pérez Amaya, de la Séptima Sala Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), encabezado por el magistrado Rafael Guerra Álvarez.
“Es decir, sustituimos 10 o 15 días por cinco minutos”, aseguró el magistrado, quien además enfatizó que la oralidad es benéfica para el entendimiento del mensaje que emiten juezas y jueces, quienes en el nuevo modelo de justicia ya no deberán citar artículos, palabras jurídicas sacramentales ni rimbombantes que no comprende la sociedad.
Comentó que otro principio señalado para los juicios orales civiles y familiares que se estipula en el CNPCyF es el de inmediación, que significa la presencia permanente del juez durante las audiencias.
“El juez tiene que ser una persona que facilite el servicio para que las personas puedan comunicar, independientemente del carácter que tengan”, planteó Pérez Amaya, quien consideró que se deben llevar los procesos por la tolerancia, prudencia y negociación.
Subrayó la importancia de que el juez presencie lo que ocurre en la audiencia, porque “ya no podemos resolver, juezas y jueces, en papel; tenemos que resolver conforme a lo que se viva en las audiencias; ese es nuestro gran tema”.
En cuanto a la capacitación de quienes operarán el sistema de justicia civil y familiar en el órgano judicial capitalino con base en el CNPCyF, Pérez Amaya recordó que esta se lleva a cabo desde hace un año, la cual se dividió en tres etapas tanto para juezas y jueces, magistradas y magistrados, y demás personal de carrera judicial.
Indicó que para esta capacitación se ha contado con la colaboración de instancias como el Centro de Justicia de las Américas, en la parte introductoria de los procesos orales, así como con especialistas de Perú, Venezuela y Puerto Rico.
El magistrado se refirió a la importancia de la capacitación de los abogados para litigar en la oralidad civil y familiar, y recordó que el PJCDMX está llevando a cabo diplomados, con prácticas y posteriormente con simulación de audiencias, con el fin de que, una vez que aprueben el curso, reciban una constancia de habilidades y destrezas.
“Hay que capacitarnos todos, pero capacitarnos bien, porque a veces cuando surge una nueva legislación todo mundo ya es experto en la nueva legislación; surgen capacitaciones distintas por escuela o por academias, y a la hora de enfrentarse una con otra se distorsionan los sistemas”, alertó finalmente.
 
Reportero Free Lance *
Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021
filtrodedatospoliticos@gmail.com

 

Garantizan jueces del PJCDMX derecho a alimentos a quienes deban recibirlos

*** Ante denuncias de cualquier ciudadano que conozca a un menor de edad, adulto mayor o discapacitado no se le proveen de parte de quien tiene esa obligación legal, podrá interponer su demanda, destacó el juez Décimo Sexto Familiar del PJCDMX, Jorge Cázares Vieyra
*** Precisó que los impartidores de justicia cuentan con “amplísimas facultades” para realizar las diligencias convenientes del caso sin “convertirnos en ministerios públicos”
 
BLAS A. BUENDÍA *
 
Cualquier persona que sepa que un menor de edad, adulto mayor o discapacitado no recibe alimentos por parte de quien tiene la obligación legal, puede acudir ante el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), que preside el magistrado Rafael Guerra Álvarez, a denunciar esa situación, cuyos jueces garantizarán la protección a derechos humanos.
el juez Décimo Sexto Familiar del órgano judicial capitalino, Jorge Cázares Vieyra, tras señalar lo anterior, precisó que un impartidor de justicia de esa materia ordenará a la brevedad una pensión provisional a favor de la persona afectada, o realizará las diligencias necesarias para que una institución del Estado se haga cargo de ella, si es que no se aportaron datos de quien tiene la obligación alimentaria.
Recordó que la obligación alimentaria se entiende como el deber que tiene una persona de proveer recursos a hijos, e incluso a padres adultos mayores, para subsistir, como son alimentos, ropa, educación, vivienda, atención médica, entre otros.
Subrayó que demandar el cumplimiento del deber de proporcionar alimentos puede recaer en cualquier ciudadano, ya que se trata de una cuestión de orden público e interés social.
En el binomio Estado-sociedad, apuntó, “ambos están interesados en que toda persona que tenga la obligación de alimentar a otra cumpla con ese deber, en razón de que cada incumplimiento entraña un quebranto en el orden social”.
Precisó que dicho incumplimiento también es un quebranto en el orden económico, dado que el derecho a recibir alimentos ni es renunciable ni materia de alguna transacción, por lo que el juez familiar, de oficio, o a petición de parte, puede decretar la pensión alimenticia por la vía conocida como alimentos por comparecencia.
El impartidor de justicia enfatizó que aquel ciudadano que tenga conocimiento de que una persona no recibe alimentos puede acudir ante el juez familiar, el cual cuenta con “amplísimas facultades”, previstas en el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, para realizar las diligencias convenientes sin “convertirnos en ministerios públicos”.
“Los más importante es aportar la mayor cantidad de datos para decretar una pensión alimenticia provisional; con independencia de lo que dure el juicio, esta persona ya tiene protegido, cuando menos provisionalmente, su derecho humano a recibir alimentos”, dijo.
Explicó que, de no contar con datos de la persona que tiene la obligación alimentaria, el juez familiar realizará las diligencias pertinentes para que una institución del Estado se haga cargo de la que no los recibe.
Ya cuando aparezca el obligado, puntualizó, el Estado incluso puede reclamar a este la reposición del dinero que erogó para hacer frente a las necesidades de la persona que no estaba recibiendo los alimentos.
 
Reportero Free Lance *
Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021
filtrodedatospoliticos@gmail.com