México requiere de un Poder Judicial robusto: Ken Salazar

 
*** Postura diplomática del embajador de EU en México, sobre la controvertida reforma al PJF
*** La elección popular de jueces no contribuirá al fortalecimiento de la democracia, alertó
*** Jurista alerta que Morena-Gobierno, quieren destruir el Imperio del Derecho bajo los criterios de una criatura diabólica
 
BLAS A. BUENDÍA *
 
Frío pero calculador.
El embajador de Estados Unidos en México alertó que la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y promovida por el partido Morena, podría impactar la relación comercial bilateral de ambas naciones.
En una declaración política, el diplomático Ken Salazar adelantó que la transformación como está planteada en su forma inicial, no cumpliría su objetivo de combatir la corrupción dentro del Poder Judicial.
Además, señaló que eliminar los requisitos necesarios para asumir cargos federales, como la experiencia mínima, no garantiza la capacidad de los jueces para gestionar litigios comerciales complejos.
“Un Poder Judicial fortalecido en México debe contar con jueces capaces de gestionar litigios complejos para las disputas comerciales y otras cuestiones, sin embargo, la propuesta elimina los requisitos necesarios para tener a los jueces más calificados”, externó.
Admitió que hay elementos de la reforma que son importantes y que deberían implementarse, pero subrayó que la elección popular de jueces no contribuirá al fortalecimiento de la democracia ni a un Poder Judicial robusto que pueda operar exitosamente en todos los ámbitos que impactan tanto a México como Estados Unidos.
De igual forma, ungió sobre la necesidad de certidumbre y estabilidad para las empresas, agencias y organismos dentro del marco judicial, indicando que la incertidumbre podría afectar negativamente a dichas entidades en la resolución de conflictos.
Si bien planteó que, aunque apoya ciertos aspectos de la reforma, es crucial que exista certeza en el marco jurídico para que las emporios empresariales y demás actores, puedan actuar de manera efectiva en caso de controversias.
“Hay que tener certidumbre, las empresas deben tener su responsabilidad, pero también certidumbre en lo que viene en el marco jurídico”, abundó.
En cambio, el tema trajo cierta polémica con la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien al hacer uso de las redes sociales, solo se limitó a mencionar que en la Unión Americana existe la elección de jueces por voto popular, que es, en contraparte igualitaria, una de las propuestas de la reforma al PJF en México.
 
Intereses de mezquindad
Para el ex magistrado Víctor Hugo Díaz Arellano, “ninguna acción política, ningún acto de servilismo, obediencia a los intereses mezquinos del partido o persona alguna, pudieran pervertir la funcionalidad del Poder Judicial Federal”, porque —aclaró— “somos independientes, autónomos y gente honrada”.
Sentenció: “La conformidad (del Estado) no son los privilegiados”, porque —remarcó— “quieren destruir el Imperio del Derecho, el orden jurídico y algo que debemos que dejar a nuestros hijos, así sea con nuestra vida y el sacrificio de todo lo que hemos hecho”.
Dijo que “el Juicio de Amparo no puede ser destruido”, por lo que lanzó una severa protesta en contra del Ejecutivo Federal, “tú, presidente, no lo vas a lograr. Es el arma que tiene el ciudadano común para defender la Constitución y sus derechos”.
Entrevistado en la sede del Poder Judicial Federal de San Lázaro, teniendo como fondo el predio donde se asienta el Poder Legislativo, el también maestro en materia de Derecho, hizo una crítica severa al acusar que “las autoridades que están enfrente del PJF, que es la Cámara de Diputados, sabemos que son una simple Oficina de Partes”.
Y arremetió: “Actúan (los legisladores) con un cinismo que llega a la perversidad obedeciendo a una ‘criatura diabólica’, que lo único que quiere es la destrucción de las instituciones republicanas”.
Afirmó que entre la comunidad y barra de abogados han llegado a la conclusión que esta supuesta reforma al Poder Judicial “es por una clara venganza política”, toda vez que el PJF obligó al presidente Andrés Manuel López Obrador, que instruyera que vacunara a niños, jóvenes y adultos, en contra del covid19, “y jamás lo hizo”, tomando como alerta que se tratan de personas incapacitadas para superar la pandemia.
Desoyó al Poder Judicial que le dieran medicamentos a los niños con cáncer; se le dijo que no destruyera la selva donde construyó el inservible Tren Maya; que no destruyera los acuíferos; que no se robara (sic) las AFORES de millones de mexicanos.
“Eso fue lo que dictaminamos en el PJF, y como se le obligo y no cumplió, el presidente Obrador lo tomó como una afrenta al grado de declararle una venganza silenciosa que en los hechos vemos tristes resultados.
“Es una venganza política de una criatura diabólica —insistió— seguida por malos políticos como Monreal, por Mier, por Saldívar, por Cordero, por Sandoval y por Ojeda, quienes como aspiracionistas es transformarse en esclavos serviles del amo sexenal. Ya sabemos que hay una encargada del despacho Presidencial (Claudia Sheinbaum), quien ha reiterado que así será por delante”.
El ex magistrado Víctor Hugo Díaz Arellano, quien tiene una carrera judicial iniciada hace más de medio siglo, que en sus andares se inició como mecanógrafo en la Penitenciaría de Lecumberri, sentenció: “¡México no se lo va a permitir”, para finalmente corear: “¡Que viva el Poder Judicial Federal!” “¡Que vivan los hombres y mujeres que son muestra de honestidad en este país que aún se llama México!”
 
Mentiras sistemáticas de un mal presidente
En la medida que han pasado los años de este sexenio, quedó grabado para la vergüenza de la historia, los chistoretes de Andrés Manuel López Obrador, cuando al inicio de su gobierno prometería que respetaría los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las instituciones democráticas y republicanas.
Sin embargo, lo que parecería trabajar en armonía por el bienestar de la Nación, con el tiempo se convirtió en tiranía.
—Ofrezco a ustedes, señoras y señores magistrados, así como al resto del Poder Judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de las entidades autónomas del Estado, que…
—…No habré de entrometerme de manera alguna de las relaciones que únicamente que a ustedes competen…
—…En el nuevo gobierno, el Presidente de la República “no tendrá palomas mensajeras, ni halcones amenazantes”…
—…Ninguna autoridad encargada de impartir justicia, será objeto a presiones, ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecuciones de sus dictámenes, y habrá absoluto respeto por sus veredictos…
—…El Ejecutivo no será más el poder de los poderes, ni buscará someter a otros poderes…
En resumen, el Obradorato siempre tuvo a farios cómplices de Estado. Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea como su principal lacayo cuando fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y quien sostuvo un tráfico de influencias y corrupción junto con quien fuera consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Sherer Ibarra, que a su vez, fungió como un operador político y hombre de confianza de AMLO y su paso por la 4T.
Fue una pieza clave en el gobierno del presidente López. A Sherer se le atribuye el éxito de varias reformas y el diálogo con el poder Judicial, que hoy en día, forma parte de las controversias de un triunvirato que sigue atentando contra las instituciones republicanas, como es el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy en manos de Norma Lucía Piña Hernández, independiente del apodado #NarcoPresidenteAMLO.
Necesario puntualizar que el embajador Ken Salazar tiene toda la razón, en el sentido que “México requiere de un Poder Judicial robusto”, aunque predijo que “la elección popular de jueces no contribuirá al fortalecimiento de la democracia”.
 
Reportero Free Lance *
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Brugada es la clara solución del añejo conflicto R-100

*** Ahora resulta que el GCDMX batrista “busca” la forma de cumplir con el apoyo económico a viudas y beneficiarios antes de la transición del cambio de gobierno

*** Es una mascarada más de lo mal que ha resultado ser esta administración que está por llegar a su fin

 BLAS A. BUENDÍA *

Urge que el Gobierno de la Ciudad de México cumpla con los acuerdos que avaló el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, para darle cumplimiento a los apoyos económicos que ya están etiquetados a favor de los ex trabajadores de la extinta Ruta 100, ya que ha habido morosidad por parte de Martí Batres Guadarrama, quien solo ha empleado discursos demagógicos para evadir toda responsabilidad.

En un mensaje dirigido a viudas y beneficiarias del SUTAUR-100, la Comisión Liquidadora de Ruta 100, en reuniones con el Subsecretario de Gobierno Erasto Ensastiga Santiago, destacó que éste “sigue analizando” la forma para entregar  los apoyos contraídos con antelación pero que debido a acciones burocráticas, las autoridades gubernamentales le han dado tantas vueltas que ya están incurriendo en la omisión de Estado, que en un país con Estado de Derecho, ya se debió hacer una purga por expulsar a ese tipo de funcionarios arrogantes y alevosos. 

En este contexto, la Comisión Liquidadora Ruta 100 promovió urgente audiencia con la jefa de gobierno electa, Clara Brugada para conocer de viva voz para cuándo terminarán de otorgar los incentivos económicos a las viudas quienes siguen esperanzadas en rescatar los beneficios de herencia que le dejaron sus maridos antes de fallecer por causas de enfermedades por edad.

En este tipo de acciones que parecieran ser víctimas de las decisiones de un mal gobierno, la Comisión Liquidadora R-100 consideró que es la señora Brugada la clara solución para cubrir los adeudos que sigue demandando estos ex trabajadores del volante, quienes desde hace 30 años quedaron atrapados en las garras del desempleo cuando fueron defraudados por sus ex líderes Ricardo Barco López y Gabino Camacho Barrera.

Pese a la detención del ex líder jurídico Ricardo Barco López, el pasado 26 de mayo, siendo acusado de administración fraudulenta en detrimento de 12,004 afectados, el conflicto de Ruta 100 no tiene tiempo para ser solucionado en definitiva debido a que internamente, el SUTAUR enfrenta la crispación de sus líderes, quienes solo velan por sus intereses mezquinos en defensa del ahora detenido Ricardo Barco.

Historia de  un fraude anunciado 

Los trabajadores de la ex Ruta-100 fueron despedidos masivamente en la madrugada del sábado 8 de abril de 1995. El Gobierno del entonces Departamento del Distrito Federal (DDF), argumentó que había declarado la quiebra de la fuente de trabajo que, como es del conocimiento público, los trabajadores iniciamos un movimiento de resistencia que se prolongó por más de un año, hasta que finalmente después de negociaciones, entre representantes del SUTAUR-100 y la representación del Gobierno, con la intermediación de una Comisión de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, se firmó un acuerdo político, el 26 de abril de 1996.

 

Bemoles en el Poder Judicial

 

*** En su espacio Así es el Derecho, el magistrado civilista Élfego Bautista Pardo, analiza el tema Extinción de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, juicio de amparo promovido por jueces y magistrados de circuito

 

BLAS A. BUENDÍA *

 

Ante las operaciones implacables ejercidas por el Ejecutivo federal en contra de los beneficios que los trabajadores que aún poseen en el marco de las reformas al Poder Judicial, el magistrado Élfego Bautista Pardo, en su espacio Así es el Derecho, analiza el tema Extinción de los fideicomisos de este sector donde jueces y magistrados de circuito, han promovido una serie de juicios de amparo.

Si bien este movimiento jurídico no tiene paralelo en el país, ha llamado la atención políticamente hablando cuando México se está encaminando a laberintos de inconstitucionalidad, que parecieran una invisible camisa de fuerzas entre lo que es el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

De las tesis publicadas el pasado 16 de agosto en el Semanario Judicial de la Federación destacan las relativas a la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.

Se incluye —Tesis: XVII.2o.P.A.35 A (11a.)— derivando en que varios jueces de distrito y magistrados de circuito promovieron juicio de amparo indirecto en demanda de suspensión provisional de los efectos y consecuencias del decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de octubre de 2023, mediante el cual se extinguen diversos fideicomisos en los que dicho Poder es parte.

El juez de amparo concedió la medida cautelar, por lo que la autoridad responsable interpuso recurso de queja argumentando que para acreditar el interés suspensional los quejosos debieron demostrar, al menos indiciariamente, afectación personal y directa, esto es, ser beneficiarios de todos los fideicomisos cuya extinción se ordenó en el decreto reclamado.

Sin embargo, se determinó que para acreditar el interés suspensional en el juicio de amparo indirecto contra el decreto referido es innecesario que las personas quejosas demuestren que la extinción de los fideicomisos les afecta personal y directamente, dado que como beneficiarios directos de cada uno de ellos son titulares de un derecho subjetivo público, es suficiente que acrediten, al menos indiciariamente, que sin ser destinatarios de la norma, les genera afectación en sentido amplio, ya sea de manera directa, o bien, porque el agravio deriva de una situación particular en que se encuentran frente a ella.

La justificación de dicha resolución atendió a que en la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el DOF el 6 de junio de 2011, se incorporó la figura del interés legítimo, que aplicada a las normas generales cuyos efectos ocurren en forma incondicionada, esto es, sin necesidad de un acto de aplicación, implica que los quejosos, sin ser destinatarios directos, resienten algunos efectos de las consecuencias asociadas a esa hipótesis normativa, en un grado suficiente para considerarse como afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, cuya comprobación pasa por verificar que de otorgarse el amparo, obtendrían un beneficio jurídico, lo que en el caso del decreto citado se traduce en que continúen percibiendo las prestaciones que derivan de los fideicomisos sujetos a extinción, a los que en parte, incluso, han realizado aportaciones, tanto en relación con el apoyo para residencia por ser adscritos a un lugar distinto al de su origen, como con gastos médicos extraordinarios o de compensación a familiares de titulares que puedan ser objeto de atentados a su integridad física con motivo de los asuntos de mayor gravedad de que conocen, así como a las que, en su momento, puedan generar un derecho, como la pensión jubilatoria complementaria e, incluso, en lo que corresponde a infraestructura y demás condiciones necesarias para el digno desempeño de su especializada función en pro de los usuarios del servicio público de administración de justicia. Lo que, conforme al estándar probatorio aplicable para la suspensión, basta que se acredite de manera indiciaria.

Conforme a la técnica legislativa, la vacatio legis es el lapso que debe existir entre la publicación de una norma legal y su entrada en vigor, con el objetivo de que la ley pueda ser conocida suficientemente antes de que adquiera fuerza obligatoria.

De manera que si el decreto impugnado fue publicado el 27 de octubre de 2023 en el DOF y conforme con su artículo primero transitorio entró en vigor al día siguiente, es claro que desde ese momento surgió de forma incondicionada la obligación a cargo de terceros, entre otros, el Consejo de la Judicatura Federal como fideicomitente y las instituciones fiduciarias correspondientes, así como los fideicomisos mismos, de:

I)              dar por terminados los mandatos correspondientes;

II)             suscribir los convenios de terminación o extinción de aquéllos;

III)            enterar a las unidades administrativas con funciones de tesorería en los órganos que conforman el Poder Judicial de la Federación; y

IV)          éstos a su vez, enterar a la Tesorería de la Federación los recursos remanentes, así como los productos y aprovechamientos derivados de los citados fideicomisos.

Eso permite analizar la afectación que los quejosos dijeron resentir al encontrarse en situación especial frente a dicho acto legislativo (Tesis: XVII.2o.P.A.34 A (11a.), puntualizó el magistrado Élfego Bautista Pardo, Titular de la Tercera Ponencia de la Quinta Sala Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México, órgano autónomo que encabeza el magistrado penalista Rafael Guerra Álvarez.

 

Reportero Free Lance *

Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021

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Aspiración del CNPCYF, sentencias orales que dejen conformes a las partes

***  Así se señaló en el Diálogo para la construcción de la homologación normativa del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; dicho ordenamiento, también se subrayó, prevé protección para las personas con alguna discapacidad

*** En ese marco, la magistrada de la Cuarta Sala Familiar, Edilia Rivera Bahena, dictó la ponencia el Juicio oral familiar en el CNPCyF, y el consejero de la Judicatura, Andrés Linares, Libre desarrollo de la personalidad y sistema de apoyo extraordinario para personas con discapacidad.

 

BLAS A. BUENDÍA *

 

Sentencias orales que dejen conformes a las partes es la aspiración del procedimiento familiar que estipula el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), ordenamiento que además prevé una protección para las personas con alguna discapacidad específica, para no generar algún tipo de discriminación, aseguraron por separado la magistrada de la Cuarta Sala Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), Edilia Rivera Bahena, y el consejero de la Judicatura capitalina, Andrés Linares Carranza.

Durante el Diálogo para la construcción de la homologación normativa del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y con la presencia del presidente del órgano judicial capitalino, magistrado Rafael Guerra Álvarez, Rivera Bahena subrayó el principio de oralidad bajo el que operará el sistema de justicia al amparo del CNPCyF, y destacó que las sentencias deberán estar debidamente fundadas y motivadas por las y los impartidores de justicia de manera oral.

Esto así se planteó en el nuevo ordenamiento de carácter nacional, abundó al dictar la ponencia Juicio oral familiar en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, porque era un reclamo social el arribo de la oralidad a las materias civil y familiar, dado que en el sistema escrito lo que no obra en el expediente no existe, y por lo tanto la justicia bajo ese modelo resultó poco clara y retardada.

Destacó que, a diferencia de la sentencia dictada en el sistema escrito, donde juezas y jueces señalan con base en qué artículos y criterios toman su decisión, lo que resulta poco entendible para la sociedad, en la resolución que se dictará de manera oral las y los juzgadores tienen la obligación de hacerla comprensible a las partes, pero sobre todo, logrando el convencimiento de por qué resolvieron en ese sentido.

En su alocución, Rivera Bahena subrayó que la justicia no es un asunto exclusivo de juezas y jueces, sino de todos los involucrados en los procesos, justiciables, abogados postulantes y demás operadores jurídicos, por lo que alertó que, de no asumirse una corresponsabilidad, el sistema basado en el CNPCyF de nada servirá.

Por otra parte, el consejero Linares Carranza subrayó que el derecho a la libre personalidad es inalienable, y el cual debe entenderse como el hecho de que cada quien pueda definir y decidir de manera libre qué quiere ser.

“Es un derecho que tenemos todos, y la única limitante que existe es el respeto al derecho de distinta persona; no podemos buscar un derecho irrestricto a nuestra personalidad, sin afectar al resto de los congéneres”, planteó al dictar la ponencia Libre desarrollo de la personalidad y sistema de apoyo extraordinario para personas con discapacidad.

Dijo que con la aplicación del CNPCyF, los impartidores de justicia están obligados a desarrollar acciones, acordes a esa normatividad en temas de discapacidad y apoyos extraordinarios, y aclaró que una es la discapacidad y otra la discapacidad intelectual o cognitiva.

En el diálogo organizado por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, encabezada por el diputado Octavio Rivero Villaseñor, señaló que las personas con alguna discapacidad intelectual o cognitiva requieren de una protección específica, más no especial.

 “¿Cuál es la diferencia? No los voy a sustituir, no los voy a desplazar, tendría que colocarlos en primer plano y atender a sus intereses y sus necesidades y su entorno personal, enfatizó.

 

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Se apresta PJCDMX a realizar la 15ª Feria Nacional del Libro Jurídic

Se apresta PJCDMX a realizar la 15ª Feria Nacional del Libro Jurídico

 *** Al cabo de tres lustros, ese evento se consolida como referente indispensable en la difusión de la cultura jurídica, y en su trayectoria acumula ya la visita de más de dos millones de personas

*** A realizarse entre el 26 de agosto y 6 de septiembre próximos, en esta ocasión se publicará una edición impresa especial con mensajes del presidente de la institución y de consejeras y consejeros de la Judicatura, con motivo de los 15 años de la feria

BLAS A. BUENDÍA *

El Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), cuyo presidente es el magistrado Rafael Guerra Álvarez, se apresta a realizar la 15ª Feria Nacional del Libro Jurídico, la cual, al cabo de tres lustros, se consolida como referente indispensable en la difusión de la cultura jurídica, y en su trayectoria acumula ya la visita de más de dos millones de personas.

A realizarse entre el 26 de agosto y el 6 de septiembre próximos en el edificio Juan Álvarez de la Ciudad Judicial (Niños Héroes 132, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc), en esta ocasión se publicará una edición impresa especial con mensajes del magistrado Guerra Álvarez y de las consejeras y los consejeros de la Judicatura capitalina con motivo de los 15 años de la feria, la cual contendrá, además, un recuento de sus orígenes y las imágenes más destacadas de su historia.

El Pabellón Forense está entre las novedades que presentarán esta edición, consistente en una exposición sobre las actividades del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo), dependiente del órgano judicial capitalino, y en el cual los visitantes podrán observar la exhibición de un cadáver completo (embalsamado para la ocasión), con la participación de especialistas en necropsias, toxicología, genética, antropología y odontología.

Como parte de este pabellón, en el recinto ferial se habilitará un área en la que se exhibirán infografías y videos, y habrá un espacio dedicado a la explicación del estudio y análisis de los restos humanos, la cual se recorrerá a modo de visita guiada, con el propósito de que el público, y en especial estudiantes de medicina forense, tengan la oportunidad de conocer más sobre la materia.

A fin de reafirmar el carácter nacional de la feria, el programa de actividades prevé la participación de integrantes de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), también encabezada por el magistrado Guerra Álvarez, entre estos de los órganos judiciales de los estados de Hidalgo, Durango, Jalisco y Zacatecas.

Junto con la que organiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Feria Nacional del Libro Jurídico del PJCDMX es considerada como uno de los más importantes espacios especializados en difusión de la cultura jurídica, por el número de sellos editoriales especializados en derecho que se presentan.

Serán más de 30 instituciones y casas editoriales las que en esta ocasión presenten sus obras, entre estas, la SCJN, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, la Facultad de Derecho y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Ciencias Penales; asimismo, Editorial Porrúa, el Fondo de Cultura Económica, Tirant Lo Blanch, Dijuris/Ubijus, Centro de Estudios Carbonell y Thomson Reuters, entre otros. El acceso a la feria es gratuito, y su horario es de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

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Augura Guerra Álvarez, todo un éxito la aplicación del CNPCyF

 

*** El presidente del PJCDMX, subrayó que la capital del país será la primera entidad y referente nacional en la aplicación de ese código

*** En el marco del foro Diálogos para la construcción de la homologación normativa del CNPCyF, el jefe de gobierno, Martí Batres Guadarrama, enfatizó la “buena relación” existente entre su administración y el PJCDMX, lo que resulta en beneficio de la sociedad

 

BLAS A. BUENDÍA *

 

El presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez, destacó el trabajo de armonización de 18 ordenamientos jurídicos para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y subrayó que la Ciudad de México será la primera entidad, y referente nacional, en aplicar de ese ordenamiento jurídico, lo cual será un éxito.

Esto, en el foro Diálogo para la construcción de la homologación normativa del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), en cuya inauguración el jefe de gobierno, Martí Batres Guadarrama, enfatizó la “buena relación” que existe entre su administración y el órgano judicial capitalino, lo que resulta en beneficio de la sociedad, y en la que aprovechó para agradecer al magistrado Guerra Álvarez, pero también a los impartidores de justicia presentes en el Salón Benito Juárez, del Congreso local.

Guerra Álvarez, quien reconoció al titular del Ejecutivo local como uno de los mejores políticos de la ciudad, pero también del país, advirtió que el camino hacia el Nuevo Sistema de Justicia Civil y Familiar no será fácil, pues ambas materias representan entre el 70 y 75% del trabajo jurisdiccional.

Organizado por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, que preside el diputado Octavio Rivero Villaseñor, el presidente magistrado Guerra Álvarez, recalcó que el CNPCyF garantiza acceso a la justicia de forma pronta y expedita, así como en condiciones de igualdad y de no discriminación  para todas las personas; sin embargo, alertó que cualquier acción para su implementación será insuficiente si no se cuenta con la asignación de recursos necesaria.

Planteó que para avanzar en la implementación se deben romper paradigmas y estereotipos y contar con abogados postulantes, magistradas, magistrados, juezas y jueces, disputas a hacer las cosas en forma distinta y a reinventarse; el proceso de aprendizaje y reaprendizaje solo requiere de la mejor disposición y apertura de todos, dijo.

“Estoy seguro de que todas y todos juntos lograremos que sea un éxito la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares”, subrayó  Guerra Álvarez, quien delineó la ruta sobre cómo entrará en operación en el órgano judicial capitalino, de manera gradual, a partir del próximo 1 de diciembre; en ese primer momento, en la materia civil, con asuntos hipotecarios y de arrendamiento inmobiliario, y, en familiar, controversias en las que no se plantee el divorcio y jurisdicciones voluntarias.

Explicó que desde esa primera etapa el acceso a la justicia operará con la metodología de la oralidad, en la que los justiciables, abogados y defensores participarán en la dinámica de audiencias bajo los principios de inmediación, contradicción, igualdad, publicidad concentración y continuidad, y con la presencia en todo momento del juez o jueza, que de manera directa se impondrá de la información del debate, las pruebas y las decisiones en la misma audiencia.

En su oportunidad, el diputado Rivero Villaseñor dijo que el foro es un ejercicio ciudadano de diálogo parlamentario abierto, tendente a recoger opiniones para una homologación normativa “histórica”, para el país, cuyo objetivo para dejar atrás un Sistema de Impartición de Justicia Civil y Familiar rebasado, que opera desde hace muchos años, pero que no cumplió con la máxima constitucional de justicia pronta y expedita.

Al acto acudieron diputadas y diputados de diversas fuerzas políticas, entre estos, la próxima coordinadora de la fracción de Morena en el Congreso local, Xóchitl Bravo Espinosa.

Durante el foro se llevaron a cabo cuatro mesas; la primera con el tema Justicia oral familiar en el CNPCyF, a cargo de la magistrada de la Cuarta Sala Familiar del PJCDMX, Edilia Rivera Bahena; la segunda, Justicia digital en el Sistema de Justicia Civil y Familiar, del juez Décimo Cuarto Oral Civil, Francisco Neri Rosales; la tercera, Libre desarrollo de la personalidad y sistema de apoyo extraordinario para personas con discapacidad, del Consejero de la Judicatura capitalina, Andrés Linares Carranza, y la última, Nuevo modelo de gestión en el Sistema de Justicia Civil y Familiar, a cargo del magistrado de la Primera Sala Civil, Marco Antonio Velasco Arredondo.

El foro congregó en la sede del Zócalo del congreso capitalino a consejeras y consejeros de la Judicatura local; magistradas, magistrados, jueza y jueces, y titulares de áreas de apoyo judicial y administrativo del PJCDMX.

 

Reportero Free Lance *

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