La holganza, negligencia y complacencia del GCDMX, obligan a ex Ruta 100 volver a tomar calles de la capital de la República

BLAS A. BUENDÍA *
 
Después de los cambios de los gobiernos federal y de la Ciudad de México, los ex trabajadores de Ruta-100, después de 29 años de lucha sin que ningún gobierno de la izquierda corrupta les haga justicia para resolver su conflicto laboral debido a la holganza, negligencia y complacencia de las autoridades, volverán a las calles a manifestarse pacíficamente con plantones y marchas.
La Comisión de trabajadores de la ex Ruta 100, promoverá urgentemente audiencia con la nueva Jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada Molina para que detalle cuándo reiniciarán el otorgamiento de los apoyos económicos a las viudas y beneficiarias que quedaron truncadas por el proceso electoral de junio pasado, ya que “el gobierno de Martí Batres Guadarrama no cumplió con las instrucciones que había ordenado, en tiempo y forma, el presidente Andrés Manuel López Obrador”, a inicio de este 2024.
“Las compañeras siguen esperando el apoyo económico que por derecho les corresponde, toda vez que tienen en su poder una designación pendiente como beneficiarias ya que ese poder se los otorgó legalmente el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCyA), por ser herederas de los trabajadores fallecidos”, precisó la Comisión.
Acusó que se han registrado violaciones sistemáticas a los derechos humanos y discriminación a las viudas, ocasionando daño moral, económico, psicológico y discriminatorio, al negarse dar el apoyo económico a las que han sido declaradas por el citado tribunal, como únicas beneficiaras, incluyendo a quienes poseen también poder notarial y actas de defunción de aquellos ex trabajadores que promovieron sus registros pero que lamentablemente fallecieron dejando su herencia a sus viudas.
Explicó que el gobierno de la capital ha incurrido desde hace 30 años en los fenómenos anti laborales como “la holganza”, porque aun teniendo todos los elementos ya aprobados hasta por el Congreso de la Unión; “su indolencia es patéticamente controvertida”, imputó.
“La negligencia”, se centra, junto a lo anterior, la colusión de funcionarios que han burocratizado el conflicto de ex Ruta 100, con acciones demagógicas que han cansado a los sobrevivientes de la central camiones urbana desaparecida desde 1995.
Y “la complacencia”, donde las autoridades a través de una “fuerza colosal” matizada introspectivamente, incurre en la Omisión de Estado cuando tiene constitucionalmente todas las herramientas jurídicas necesarias de procesar a quienes ocasionaron la quiebra de Ruta 100.
A mayor abundamiento, en el ámbito jurídico, los términos "holgazanería", "negligencia" y "complacencia" tienen significados específicos que pueden aplicarse a la actuación de un gobierno.
Holgazanería: Significa la falta de actividad, inacción o pasividad en el cumplimiento de deberes y responsabilidades. En el contexto gubernamental, implica la falta de iniciativa o acción para abordar problemas públicos o resolver necesidades ciudadanas, y en el ámbito de justicia, jurídicamente, puede considerarse como un incumplimiento de deberes constitucionales o legales.
Negligencia: Se refiere a la falta de cuidado, atención o diligencia en el ejercicio de funciones o responsabilidades. En el ámbito gubernamental, puede implicar la falta de supervisión, control o seguimiento en la implementación de políticas públicas, por lo que jurídicamente, puede considerarse como un incumplimiento de deberes de cuidado y diligencia.
Complacencia: Significa la aceptación o tolerancia pasiva de situaciones irregulares o injustas. En la esfera gubernamental, puede implicar la falta de acción para corregir abusos de poder, corrupción o violaciones de derechos humanos, que jurídicamente, a la autoridad se le puede fincar responsabilidades de Estado como el incumplimiento de deberes de protección y garantía de derechos. En conjunto, estos términos sugieren una falta de compromiso, eficacia y responsabilidad en la gestión gubernamental.
Por lo anterior, algunos principios jurídicos relevantemente constitucionales evalúan la actuación de un gobierno insensible sobresaliendo el principio de buena fe; el principio de legalidad; y, el principio de protección de derechos humanos 
Con base a lo fundamentado anteriormente, la Comisión Liquidadora hizo un respetuoso llamado para que la nueva jefa de gobierno tenga la sensibilidad social y laboral, ordene —como primera acción de su gobierno político y democrático—, instruya de manera urgente el pago de apoyo económico a las viudas y beneficiarios que también se sumaron a la lucha junto con sus cónyuges fallecidos, después de luchar por años en el movimiento laboral de Ruta 100, desaparecida el 8 de abril de 1995.
Infinidad de esas viudas, afirmó, pertenecen al núcleo de la tercera edad, y ningún gobierno de los que presumen ser “humanitarios” por ser de una izquierda “socialmente humanitaria”, siguen negándose a dar una solución al problema de la R-100.
Reveló que los sobrevivientes de la ex Ruta 100 han tenido que enfrentarse a una autoridad carente de sensibilidad humana, al grado de no importarle verlos cada semana plantados en la Plaza de la Constitución, demandando justicia, remolcando sus enfermedades con bastones en mano, pero que aun así los trabajadores muestran su firmeza y espíritu de lucha, que no ha decaído en ningún momento.
 
Caso del defraudador Ricardo Barco
Después de años de permanecer a una dinámica de impunidad y quien fuera  representante legal de los ex trabajadores de Ruta-100, Ricardo Barco López, fue llevado a prisión, sin resistencia, por agentes de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX), tras andar prófugo de la justicia a lo largo de 29 años, con la ayuda y colusión de autoridades judiciales.
La institución detalló que los detectives dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en contra del implicado, por el delito de administración fraudulenta, registrado desde abril de 1995, en agravio de miles de ex trabajadores de dicha línea de transporte público descentralizada del gobierno citadino.
De acuerdo con las investigaciones, Barco López, quien junto con su compinche Gabino Camacho Barrera (hoy, prófugo de la justicia, a pesar de que la Corte le extendió un amparo pagando una caución de 27 millones de pesos), recaudaron  dinero por concepto de finiquitos y liquidaciones de un total de 7,012 empleados del SUTAUR-100 —fundado por el entonces gobierno priista el 15 de enero de 1982—, con el argumento de ingresar los recursos recaudados a la AFORE de IXE Banco, pero fue omiso al transferirlos a cuentas bancarias de terceros, cuyos recursos fueron retenidos por órdenes de Barco, cuya defraudación marcaría un precedente en el crimen organizado del pulpo camionero urbano.
Si bien el monto de lo defraudado supera los tres mil millones de pesos, que desde 1995 no fueron devueltos a los trabajadores tras realizar aportaciones de sus liquidaciones, luego de la quiebra de la ex Ruta 100, entró a una faceta de incumplimientos de pagos.
Hasta esta fecha, la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la capital de la República, destacó en su informe policial, el C. Ricardo Barco López fue apresado en avenida Álvaro Obregón, casi esquina con Insurgentes Sur, en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, tras leerle sus derechos.
Previa certificación médica, el detenido fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedó a disposición del juez 35 Penal que lo requiere para que determine su situación jurídica. Hasta el momento cumple un arresto domiciliario con dispositivo anti fugas, pese a que se trata de una persona de la tercera edad, aunque sus familiares imploraron al juzgador de la causa, “se tocara el corazón”, tratando de eludir la terminología jurídica de que “nadie está exento de conocer sus derechos”.
Compungida por el ocaso de su cónyuge, la esposa del ex líder del SUTAUR-100, tras acusar que la detención de su marido fue “un arresto arbitrario”, pretendió “lloriquearle” al juez 35 de lo penal a través de sus abogados, solo que el togado actuó con extraordinaria imparcialidad, frialdad y firmeza.
La fiscalía, a cargo de Ulises Lara, subrayó que la captura se dio en cumplimiento a una orden de aprehensión que data de varios años, es decir, desde 1995 a la fecha. 
Ricardo Barco López, junto con su compinche Gabino Camacho Barrera, según las querellas promovidas por la Comisión Liquidadora de la ex Ruta 100, le son atribuibles los delitos de defraudación financiera en contra de 12 mil ex trabajadores. Ante las agravantes cometidas, el juez está obligado en actuar con rectitud, dictar el ejercicio de la acción penal, o decretarle la ampliación del beneficio para seguir este juicio bajo el arresto domiciliario.
Si bien es cierto que Barco, a comparación de su pasado, hoy se le conoce como una persona de la tercera edad totalmente avejentada, vive “el ocaso de su vida”, con enfermedades degenerativas que, figurativamente “podría salir libre…, pero con los pies por delante”.
De tal suerte que Ricardo Barco tiene un rosario de denuncias penales por delitos financieros, con tres carpetas de investigación (FDF/C/520/07-01 y sus acumuladas FDF/C/135/02-03 Y FDF/C/183/03-02), por fraude en la modalidad de Administración Fraudulenta y lo que resulte.
Los inversionistas que son los propios ex trabajadores de Ruta-100, tienen un objetivo general, lograr la recuperación de todas y cada una de las empresas de GMT, y líneas del Metrobús, ya que son los verdaderos dueños que vienen luchando año con año, por la recuperación de sus inversiones con intereses y rendimientos empresariales. Con las cantidades aportadas de los inversionistas se creó el fideicomiso F/100-7 en IXE Banco, hoy Banorte, con un capital de 172 millones, 934 mil, 552 pesos.
Derivado de lo anterior, se autorizó la creación de las empresas denominadas SERVICIO METROPOLITANO DE TRANSPORTE “17 de MARZO”; AUTOTRANSPORTE URBANOS SIGLO NUEVO; TRANSPORTES URBANOS NUEVO MILENIO; SISTEMA DE TRASPORTE EN TAXIS; y TALLERES INDUSTRIALES EN DIESEL.
“De estas empresas que se conformaron desde 1996 a la fecha, los inversionistas de Ruta-100, no hemos tenido ningún beneficio, por lo que dejar en libertad a Ricardo Barco, aparte de ser una burla, sería una Omisión imperdonable en contra del Estado de Derecho”, concluyó la Comisión Liquidadora Ruta 100.
 
Reportero Free Lance *
Premio México Ricardo Flores Magón-2021
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