Tiene PJCDMX protocolo de atención a personas mayores

*** Se trata de un documento aprobado por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, que marca la pauta de actuación de sus servidores públicos para brindar atención especializada, ágil y diferenciada a ese sector de la población
*** En el prólogo, el presidente del órgano judicial, magistrado Rafael Guerra Álvarez, exhorta a las personas servidoras públicas a eliminar obstáculos y a sumarse a la erradicación de cualquier posible acto de discriminación en razón de la edad
 
BLAS A. BUENDÍA *
 
El Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), encabezado por el magistrado Rafael Guerra Álvarez, está sujeto y cumple con el Protocolo para la Atención de las Personas Mayores en el Ámbito de la Administración de Justicia, que marca la pauta de actuación de sus servidores públicos para brindar una atención especializada, ágil y diferenciada a ese sector de la población.
El Consejo de la Judicatura capitalino, mediante el acuerdo 05-36/2024, determinó aprobar el citado protocolo, que tiene como fin dar cabal cumplimiento a los derechos de las personas mayores, entre estos, a la identidad, la igualdad, no discriminación, a la vida digna, a la vejez, a la independencia y autonomía, a la seguridad y una vida libre de violencia.
En el prólogo del documento, el magistrado Guerra Álvarez exhorta a las personas servidoras públicas del órgano judicial a eliminar los obstáculos y a sumarse a la erradicación de cualquier posible acto de discriminación en razón de la edad, así como a adoptar, al realizar sus funciones, un enfoque basado en los derechos humanos para así proteger y asegurar el acceso efectivo a la justicia de las personas mayores.
“El reconocimiento de los derechos humanos, en específico los de las personas mayores, está contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política de la Ciudad de México, así como en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, entre otros instrumentos internacionales y nacionales, los cuales obligan al Estado mexicano y a este Poder Judicial a orientar esfuerzos para fortalecer el derecho de acceso a la justicia de este grupo etario, para que se ejercite en igualdad de condiciones y con un enfoque especial en los grupos en situación de vulnerabilidad”, refiere Guerra Álvarez en el prólogo.
Dividido en 13 apartados, el protocolo ofrece a las y los servidores públicos del PJCDMX información sobre los conceptos básicos que se deben conocer para una adecuada atención a ese sector de la población, entre estos, abandono, asistencia social, capacidad jurídica, cuidados paliativos, discriminación, maltrato, negligencia, violencia contra las personas mayores, vulnerabilidad para el acceso a la justicia, entre otros.
También contiene información sobre los principios que deben regir la atención a la persona mayor, como atención preferencial, bienestar y cuidado, dignidad, equidad, enfoque diferencial, igualdad y no discriminación, perspectiva de género, protección judicial efectiva, solidaridad intergeneracional y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria.
Por otra parte, el protocolo permite la identificación de factores que, por razones de edad, pueden constituir obstáculos para acceder a la justicia; por ejemplo, la brecha digital, el maltrato y el lenguaje judicial.
Asimismo, el protocolo contiene un apartado en el que expresamente se señalan las obligaciones de las personas servidoras públicas; por un lado, las relativas a juzgadores para juzgar con perspectiva de derechos humanos, y, por otro, al resto de los empleados, en cuanto a atención y trato.
En otro apartado, se señalan las instituciones para la atención, apoyo y orientación a las personas mayores, como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, la Defensoría de Oficio y Orientación Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México, la Dirección General del Registro Civil y la Fiscalía General de Justicia, entre otras.
 
Reportero Free Lance *
Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021
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La Red Internacional de Jueces de La Haya distingue a juzgadores mexicanos en pro de la niñez

*** Blanca Colmenares Sánchez, María de Lourdes Hernández Garduño, Lázaro Tenorio Godínez, Óscar Gregorio Cervera Rivero, María Margarita Gallegos López y Alejandro Sánchez López, exaltan el nombre de México en este mecanismo internacional
*** Fueron seleccionadas para colaborar y participar proactivamente en seminarios y comunicaciones judiciales internacionales directas
 
BLAS A. BUENDÍA
 
La Red Internacional de Jueces de La Haya —que se encarga, entre otros, de resolver casos de restitución internacional— presentó a las y los juzgadores mexicanos que se incorporaron este año a la organización, con miras a compartir el trabajo y avances de los proyectos de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado que se vinculan con las actividades de esa red, entre los nuevos integrantes se encuentran dos mexiquenses.
Se trata de la Magistrada Blanca Colmenares Sánchez, presidenta de la Primera Sala Colegiada Familiar de Texcoco y la Jueza María de Lourdes Hernández Garduño, Especializada en Procedimientos de Adopción y Restitución Internacional de Menores, del Poder Judicial del Estado de México, quienes fueron nombradas juezas enlace del Convenio de La Haya.
Ambas participaron el 21 de octubre en la reunión de trabajo “Temas prioritarios en materia de Derecho Familiar Internacional” encabezada por Ignacio Goicoechea, Oficial Letrado de Enlace para América Latina y el Caribe de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado; encuentro desarrollado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y donde fueron presentadas como parte de la Red Internacional de Jueces de la Convención.
La Magistrada Colmenares Sánchez ha sido investigadora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías Conacyt; autora del libro “La restitución internacional de menores como crisis familiar y su tratamiento en México”, así como de diversos artículos en torno al tema.
La Jueza Lourdes Hernández es titular del Juzgado Especializado en Procedimientos de Adopción y Restitución Internacional de Menores del Poder Judicial del Estado de México; también es especialista en juicio sumario de conclusión de patria potestad, del que se hace cargo este juzgado.
Durante su participación en la sesión Colmenares Sánchez y Hernández Garduño intercambiaron experiencias sobre el trabajo que se realiza en Derecho Familiar Internacional en el Poder Judicial del Estado de México, entre los que destacan las adopciones internacionales, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares frente a este convenio y la mediación como mecanismo eficaz en la resolución de casos relacionados.
Entre las y los juzgadores que se incorporaron a la Red, se encuentran Lázaro Tenorio Godínez, magistrado de la Primera Sala Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México; Óscar Gregorio Cervera Rivero, magistrado Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; María Margarita Gallegos López, Jueza Séptimo de lo Familiar de proceso escrito con especialidad en Adopción y Restitución Internacionales en la Ciudad de México; y Alejandro Sánchez López, magistrado del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito del Poder Judicial Federal de México.
Dentro de las funciones de las y los integrantes de la Red es recibir y canalizar las comunicaciones judiciales de otros países sobre restitución internacional de Niñas, Niños y Adolescentes; contribuir a facilitar la cooperación para proteger a las infancias que se encuentran en esta situación; organizar seminarios y talleres de capacitación para jueces y operadores de justicia relacionados con la aplicación de los Convenios de Restitución Internacional.
 
Reportero Free Lance *
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Kamala, diosa de la democracia

*** Es importante advertir que el colectivo mexicano demanda que se aquiete a la 4t como un fenómeno catastrófico de la República
*** Urge que el Pentágono meta en control la agenda legislativa de la Cuarta Transformación manipulada desde el ostracismo por el llamado #NarcoPresidenteAMLO
**** Pravedad de motivos contra la Justicia
 
BLAS A. BUENDÍA *
 
La pravedad es un término que se refleja en la cualidad de actuar con iniquidad, con absoluta perversidad que se ramifica en una corrupción que llega a transformarse en costumbres solo practicadas por kleptocráticos a través de testaferros que operan desde los grandes escenarios como es el Congreso de San Lázaro.
Carece de prudencia, de mantener juicios cuidadosos en la toma de decisiones y acciones, lo que implica considerar las posibles consecuencias de nuestros actos y elegir el camino más adecuado para alcanzar nuestros objetivos bajo el marco del Derecho, cuyos actores se hicieron del poder bajo engaños y haber ejecutado el más escandaloso proceso electoral del 2 de junio.
"La prudencia es la madre de la seguridad", según reza el proverbio. Para Aristóteles, "la pravedad es la virtud que nos permite vivir con sabiduría"; y Confucio, estableció, "la prudencia es el arte de vivir con sentido común".
En resumen, los agentes del nuevo orden poderoso del Ejecutivo y Legislativo mexicano, les da cierto grado de “confianza” para instituir un Estado de Derecho chueco —como lo diría en su momento el famoso #NarcoPresidenteAMLO, en su vaivén sincrónico de auténticas y monstruosas burradas—.
Con base a todos estos cultos de perversidad, la abogacía independiente de la Nación deja constancia sobre el significado de la pravedad contrarios de motivos existentes para destruir a la justicia dada la forma de pensar y actuar de la Cuarta Transformación de la Nación.
Infinidad de togas están conscientes que la manera de especular y proceder de los políticos no puede ni debe ser admitida como una explicación legal, racional, verdadera y natural del fenómeno por el cual desgraciadamente atraviesa México en estos momentos de crisis política.
Los argumentos y razonamientos que manejan los Ciudadanos Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, como pravedad de los motivos para apoderarse de la justicia, son nulos por su fundamentación.
Describen postular como su elemento estructural o central el combatir a la corrupción del Poder Judicial Federal, sin embargo, no toman en cuenta que tales razonamientos nada tienen que ver con un combate frontal en contra de ese fenómeno inserto en el entorno de procuración e impartición de justicia, dado que antes de su Reforma Judicial, el Derecho Positivo Mexicano marcaba mediante la aplicación del Código Penal Federal, la manera de demoler tal problema.
En este contexto, la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, desde hace décadas había identificado y señalado tal problemática, proponiendo inclusive la forma de resolverlo a fin de evitar que ello se expandiera en otras potestades, como lo son, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, dado que se detectó el dolo de un alto funcionario de la Nación que daba inicio a una alianza con el poder del narcotráfico. Y lo peor, ninguna autoridad hizo algo para salvaguardar la paz de la República. Hoy México es un polvorín.
De los razonamientos expuestos en aquél entonces por togas independientes, los mismos no fueron tomados en consideración, lo cual dio génesis con ello a la impunidad obtenida hasta el día de hoy por la pravedad como motivo para delinquir por parte del Estado.
Con relación a los elementos cronológicos que se refieren, es conveniente hacer notar que se interpuso en su momento una denuncia debidamente fundamentada, motivada y adecuada para que la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía, investigara y en su momento procesal, solicitara la sanción adecuada para finiquitar dicha problemática en forma contundente y legal.
Hoy como crítica de aquella inanición por parte del Estado, el Ateneo de Estudios Jurídicos Penales, refiere que legalmente no resulta adecuada esa Reforma Judicial impuesta a la fuerza con la pravedad hecha valer por Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores que dan y dieron motivos para hacer valer esa acción con el único objetivo de destruir a la justicia que togas honorables del Poder Judicial Federal impartían.
La sociedad se cuestiona, ¿qué puede provocar si la Cuarta Transformación altera el orden constitucional con la aprobación de una nueva reforma al poder judicial federal?; ¿cuáles serían sus repercusiones en México? y ¿cómo quedaría la imagen internacional del país?
La Cuarta Transformación de México, liderada por Andrés Manuel López Obrador —pese que ya dejó de ser el Jefe del Ejecutivo Federal—, a través de su heredera, Claudia Sheinbaum Pardo, sigue buscando implementar cambios significativos en el país, incluyendo una reforma al Poder Judicial Federal. Sin embargo, si esta reforma altera el orden constitucional, podría tener graves consecuencias.
 
Repercusiones en México
Desestabilización institucional: La reforma podría debilitar la independencia del Poder Judicial, lo que afectaría la separación de poderes y la estabilidad democrática en México.
Polarización política: La implementación de cambios unilaterales podría profundizar la polarización política y social en el país, generando conflictos y tensiones.
Impacto en la justicia: La reforma podría afectar la impartición de justicia, especialmente si se politiza la selección de jueces y magistrados, lo que podría llevar a una pérdida de confianza en el sistema judicial.
 
Imagen internacional de México
Cuestionamiento de la democracia: La comunidad internacional podría cuestionar la calidad de la democracia en México si se percibe que la reforma afecta la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes.
Riesgo de inversión: La inestabilidad política e institucional podría disuadir la inversión extranjera y afectar la economía del país.
Pérdida de credibilidad: México podría perder credibilidad en la escena internacional si se percibe que no respeta los principios democráticos y la separación de poderes.
Es fundamental que cualquier reforma al Poder Judicial Federal se realice con un enfoque en la mejora de la justicia y la institucionalidad, y no como una herramienta política para concentrar poder.
La sociedad mexicana y la comunidad internacional deben estar alertas para garantizar que cualquier cambio se realice de manera transparente y respetando los principios democráticos, de lo contrario, el pronóstico estaría bajo reserva.
Es notorio que el dolo interpuesto por esa Cuarta Transformación de la República para apoderarse del Poder Judicial Federal, acompañó a los motivos de pravedad para obtener entre ambos esa afinidad que hoy perturba a la justicia con esos ímpetus por motivos de corrupción.
Todo México conoce que la independencia del Poder Judicial es fundamental para garantizar la impartición de justicia imparcial y proteger los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, hay preocupaciones sobre la influencia política en la selección de jueces y magistrados, lo que podría comprometer su independencia y una desaceleración para su desarrollo.
Las severas críticas que se han suscitado en torno a la Cuarta Transformación, incluyen la concentración de poder, argumentándose que el gobierno está concentrando poder y controlando instituciones clave, como el Poder Judicial.
Aunado a ello, la famosa 4t, irresponsablemente ha generado una polarización política y social en México, dando pie al descaro de la corrupción y el nepotismo dentro del gobierno, así como un descarado saqueo de las arcas de la Nación.
Tal como lo registra históricamente la extraordinaria y conflictiva época del hegemónico partido en el poder, el PRI, Morena —al muy estilo priista— le ha restado importancia a la independencia del Poder Judicial para cumplir con sus andanadas y su abierta vinculación con el narcotráfico.
Sobre esta incierta acción de la 4t en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, urge que haya definiciones porque México debe tener muchísima cautela hacia dónde quiere “caminar”, ya que las reacciones a nivel internacional, comienzan a observarse referente a las aberturas pecaminosas.  
Sectores escrupulosos acusan, para abordar estas preocupaciones, proponen urgentemente abolir toda intentona de reforma constitucional en materia de justicia para garantizar la independencia del Poder Judicial, de lo contrario, el gigante de América del Norte —en esta época de elecciones— tomaría otros caminos de presión en contra de autócratas, principiantes de tiranos y dictadores.
El riesgo y sus escenarios políticos en México son fáciles de entender. Si Donald Trump llegara a ganar la elección presidencial de EU, “se detonaría una crisis constitucional por desacato a sentencias de la SCJN, sobre validez de la reforma judicial”.
En este referente, los norteamericanos impondrían un bloque comercial a México por carecer de un Estado de Derecho consolidado al poner en juego la selección de perfiles politizados y nada técnicos para candidaturas a personas juzgadoras, sin haber tenido una impecable carrera judicial.
Más aún, “los primos” protestarían la avanzada propuesta para seguir desapareciendo organismos autónomos cuando los mecanismos de selección, transparentes y meritocráticos para jueces y magistrados, están por pasar a la historia.
En este paradigma político, el gobierno de la primera presidenta de México, se enfrentaría a un paquete económico “difícil”, sumándose el balance entre deuda y crecimiento, sin dejar de lado algo más preocupante, “el aumento de enfrentamientos violentos entre narco-grupos criminales y elementos de seguridad constitucional en Sinaloa y otros estados mexicanos”.
Mientras el partido en el poder en México, Morena, carezca de atributos constitucionales, acometiendo cambiar su Carta Magna, para Estados Unidos es fundamental mantener un debate informado y respetuoso sobre este tipo de temas, que garanticen la salud democrática de México.
—¿Cuál sería la relación de México si Kamala Harris ganara la elección presidencial de EU?, muchos cuestionan.
—La relación entre México y Estados Unidos podría experimentar cambios significativos si Kamala Harris ganara la elección presidencial. Aunque sobresalen declaraciones específicas de Harris sobre su política hacia México, se podría analizar algunas áreas clave que influirían en la relación bilateral.
Inmigración: Harris ha defendido una reforma migratoria integral y ha criticado las políticas de Trump sobre inmigración. Esto podría beneficiar a México, ya que una reforma migratoria podría regularizar la situación de millones de mexicanos en Estados Unidos.
Comercio: La política comercial de Harris podría ser más favorable para México que la de Trump. Harris se ha opuesto a los aranceles comerciales impuestos por Trump y ha defendido la cooperación económica internacional.
Seguridad: La cooperación en materia de seguridad es fundamental para ambos países. Harris podría continuar la colaboración en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Medio ambiente: Harris ha defendido la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Esto podría beneficiar a México, ya que ambos países podrían colaborar en la protección de la biodiversidad y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
En resumen, una victoria de Kamala Harris en la elección presidencial de Estados Unidos podría tener un impacto positivo en la relación bilateral con México, especialmente en áreas como la inmigración, el comercio y seguridad nacionales.
Si bien es cierto que existe la esperanza que Kamala Harris se transforme en una diosa de la democracia, es importante advertir que el colectivo mexicano demanda que se aquiete a la 4t como un fenómeno catastrófico de la República.
Porque —avizoran— urge que el Pentágono meta en control la agenda legislativa de la Cuarta Transformación, manipulada desde el ostracismo por el llamado #NarcoPresidenteAMLO, con la firmeza de sentenciar que la pravedad de la justicia jamás deberá resquebrajarse
“¡Es cuanto!”, precisó la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., que preside el prestigiado penalista Alberto Woolrich Ortiz.
 
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Programa progresivo de apoyo a las madres trabajadoras en PJCDMX: Guerra Álvarez

 

Programa progresivo de apoyo a las madres trabajadoras en PJCDMX: Guerra Álvarez

 
*** Así lo destacó el presidente del PJCDMX, al inaugurar el quinto lactario en la institución, con sede en las salas de oralidad de Santa Martha Acatitla
*** En ese marco, el presidente de la Fundación Candelaria, Elba Beatriz y Gloria AC, José Alfonso Domínguez Gil, donante del lactario, enfatizó la sensibilidad y el amplio sentido social del magistrado Guerra Álvarez para apoyar la lactancia materna
 
BLAS A. BUENDÍA *
 
Al inaugurar el quinto lactario en sedes del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), su presidente, magistrado Rafael Guerra Álvarez, dijo que la institución tiene un programa progresivo de apoyos a las madres trabajadoras que incluye, precisamente, la disposición de espacios para lactar, pero también licencias médicas y canastillas de maternidad, entre otros.
En las salas de oralidad de Santa Martha Acatitla, donde realizó un recorrido de trabajo en unidades de gestión judicial y encabezó la ceremonia de honores a la bandera, subrayó que el lactario donado por la Fundación Candelaria, Elba Beatriz y Gloria, Asociación Civil (AC), está a disposición de las madres servidoras públicas, visitantes de los servicios de la justicia.
En su oportunidad, José Alfonso Domínguez Gil, presidente de la fundación, destacó que ya son 97 los lactarios que han donado a diversas instituciones, y enfatizó la sensibilidad y el amplio sentido de responsabilidad social del magistrado Guerra Álvarez para apoyar la noble función de la lactancia materna.
Con la presencia de consejeras y consejeros de la Judicatura de la Ciudad de México, de magistradas, magistrados, juezas y jueces, así como personal administrativo del órgano judicial, Guerra Álvarez hizo notar que el lactario no solo es un lugar físico, sino un símbolo de los cambios que “deseamos ver en nuestra sociedad”.
“En cada rincón de este espacio se refleja nuestra visión de futuro en el que las mujeres no se vean obligadas a elegir entre su carrera y su maternidad”, agregó el magistrado, con la presencia de Jesús Domínguez Gil, vicepresidente de la fundación; de la magistrada Cruz Lilia Romero Ramírez; del oficial mayor del PJCDMX, Sergio Fontes Granados; de la directora ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos, Yolanda Rangel Balmaceda, y de la subdirectora de Calidad Alimentaria del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia, Samara López Camero.
Aseguró que el quinto lactario del PJCDMX, denominado Elba Beatriz, es un espacio consagrado a la responsabilidad más importante de la humanidad. "Pero más importante aún, es testimonio de compromiso permanente con el bienestar de las mujeres", agregó.
A su vez, José Alfonso Domínguez Gil, acompañado por su hermano Jesús, recordó que la Fundación Candelaria, Elba Beatriz y Gloria AC inició sus actividades hace más de 13 años, la cual lleva los nombre de sus madre y hermanas, y cuyo fin es el de apoyar a las personas que más lo requieren, lo que más adelante derivó, además, en funciones como la de apoyar la lactancia materna.
Tras develar la placa conmemorativa de la inauguración del quinto lactario del PJCDMX, el magistrado Guerra Álvarez encabezó un recorrido por el lactario, acompañado por los hermanos José Alfonso y Jesús Domínguez Gil.Antes, el presidente del órgano judicial capitalino encabezó la ceremonia de honores a la bandera en la sede judicial de Santa Martha Acatitla, donde destacó que realizar ese acto en ese lugar lleva el mensaje de identidad, amistad y trabajo para “nuestra identidad colectiva”.
En ese marco, dijo que México es una nación inmensamente humana, hospitalaria, respetuosa y digna de la amistad de todos los pueblos; y si “hemos ganado un lugar entre las potencias del mundo es por nuestra incalculable riqueza humana”, abundó.
El magistrado Guerra, durante su visita al edificio de salas de oralidad de Santa Martha Acatitla, hizo un recorrido por las unidades de gestión judicial, donde dialogó con los empleados del órgano judicial, a quienes agradeció su compromiso, lealtad, empeño y tiempo que brindan a la institución, y ante quienes reiteró que sus derechos laborales están garantizados.
 
Reportero Free Lance *
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